El debate por la Zona Fría ingresó en una semana clave y más de 550 mil hogares del sur de Santa Fe siguen de cerca lo que ocurra en el Senado. Tras la media sanción en Diputados al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el esquema de subsidios al gas, organizaciones sociales, de consumidores y multisectoriales activaron una campaña de recolección de firmas para intentar frenar la iniciativa.
El eje de la preocupación es el impacto que tendría en las tarifas. De aprobarse la reforma, las facturas de gas natural podrían aumentar entre un 30% y un 50%, mientras que en algunas regiones del país las subas alcanzarían hasta el 100%.
La campaña apunta directamente a influir en los senadores nacionales, con el objetivo de evitar que avance una ley que dejaría sin el beneficio a Rosario y a otros siete departamentos del sur santafesino, además de distintas zonas del país.
En ese marco, la Red Nacional de Multisectoriales lanzó una colecta de firmas digitales dirigida a legisladores de todo el país, especialmente a aquellos que representan a provincias afectadas. A la par, este lunes se desarrollarán jornadas presenciales de recolección entre las 9.30 y las 13 en distintos puntos del país.
La estrategia busca elevar el costo político de la votación antes de que el proyecto llegue al recinto. Mientras el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir la reforma en ley, las organizaciones que se oponen apuestan a que la presión social incida en la decisión de los legisladores.
En Santa Fe, la atención está puesta en los tres senadores nacionales. Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, ya adelantó su rechazo a la iniciativa. En cambio, Carolina Losada y Eduardo Galaretto aún no definieron públicamente su postura.
Distintas organizaciones de consumidores y espacios vinculados a adultos mayores ya elevaron reclamos a los legisladores, advirtiendo sobre el impacto que tendría la quita del subsidio, especialmente en jubilados y pensionados. En la misma línea se expresó la Defensoría de Adultos Mayores de Rosario.
La discusión tiene un fuerte impacto territorial. La ley 27.637, sancionada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría para incluir regiones con bajas temperaturas y alto consumo de gas. En Santa Fe, el beneficio alcanza a ocho departamentos del sur: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.
Según datos del debate legislativo, en esos departamentos hay más de 550 mil hogares alcanzados por el régimen, lo que representa a cerca de 1,76 millón de personas. Solo en el departamento Rosario se contabilizan casi 389 mil usuarios residenciales.
La reforma impulsada por el Ejecutivo propone reducir significativamente el alcance del esquema, manteniéndolo únicamente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y zonas de la Puna. Para el resto, plantea un sistema de subsidios focalizados según el nivel de ingresos.
Desde el Gobierno argumentan que el régimen actual incluye zonas sin condiciones climáticas extremas y que su financiamiento recae sobre todos los usuarios del país. También sostienen que el cambio permitiría un ahorro fiscal estimado en más de 272 mil millones de pesos y reduciría el universo de beneficiarios en alrededor de 1,2 millón de hogares.
En contraposición, quienes rechazan la iniciativa advierten que el ajuste se trasladará directamente a las boletas de gas en plena temporada invernal. En algunos casos, la eliminación del subsidio implicaría duplicar el monto actualmente bonificado.
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Entre los representantes santafesinos hubo posiciones divididas: mientras La Libertad Avanza acompañó la propuesta, Unión por la Patria votó en contra, al igual que los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías, y la exvicegobernadora Gisela Scaglia.
Durante el debate, el diputado Diego Giuliano advirtió que la medida afectaría a más de 550 mil hogares de la provincia y señaló que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, podría generarse un fuerte desequilibrio social.
De cara al tratamiento en el Senado, el oficialismo busca replicar el esquema de apoyos que le permitió avanzar en Diputados. En paralelo, las multisectoriales profundizan la presión pública para visibilizar el impacto de la medida en la economía de miles de familias.
En caso de que la reforma sea aprobada, no se descarta su judicialización. Las organizaciones ya señalan como antecedente el caso Cepis, que durante el gobierno de Mauricio Macri sentó un precedente en la discusión judicial sobre aumentos tarifarios y la necesidad de evaluar su impacto social.