El Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026. Con esta medida, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo acata finalmente la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la normativa y exigió su implementación plena antes del 4 de febrero.
A pesar de haber intentado frenar la ley mediante un veto y posteriores trabas administrativas basadas en la falta de presupuesto, la administración central activa ahora el nuevo régimen de pensiones y una reestructuración profunda en el área.
El conflicto data de septiembre de 2025, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.793. En aquel momento, el presidente Milei vetó la norma argumentando que el Estado no contaba con los fondos necesarios para costear las nuevas prestaciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió en la promulgación. Aunque el Gobierno finalmente la promulgó, decidió suspender su aplicación de forma unilateral hasta que el Poder Legislativo determinara una fuente de financiamiento específica.
Esta parálisis derivó en una batalla judicial que escaló tras un amparo colectivo presentado por un particular, identificado como O. G. J., quien demandó la protección de los derechos de sus hijos.
El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión gubernamental. A pesar de los recursos presentados por el Ministerio de Salud para dilatar la aplicación por motivos presupuestarios, el magistrado fijó un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El Gobierno esperó hasta la fecha límite para publicar el Decreto 84/2026, el cual establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto define los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar la situación socioeconómica de los solicitantes y las incompatibilidades con otros beneficios.
Nuevo esquema
La nueva reglamentación centraliza la política de discapacidad dentro del Ministerio de Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta dependencia asume la tarea de coordinar con el Consejo Federal de Discapacidad los parámetros de evaluación y los planes de auditoría periódica.
Un punto crítico de la norma conocida hoy es la conversión automática de las pensiones actuales al nuevo sistema, denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El Estado deberá identificar y verificar miles de prestaciones previas para garantizar una transición coherente y transparente.
El Gobierno mantiene su postura fiscalista a través de la letra chica del decreto. La norma especifica que cualquier acción acordada con las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ajustarse estrictamente a los recursos disponibles.
Además, el texto rubricado por Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger incluye una cláusula de reserva legal. Los funcionarios aclaran que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa de fondo, afirmando que propician la reglamentación “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad”.