La Fundación Apertura impulsa un anteproyecto de ley provincial orientado a fomentar inversiones en Santa Fe, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente —que data de 1979— y generar condiciones más atractivas para la radicación y expansión de proyectos productivos.
La iniciativa propone un cambio estructural en la política de promoción al establecer dos regímenes diferenciados. Por un lado, un esquema general destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, con acceso automático, plazos definidos y beneficios predeterminados para garantizar previsibilidad. Por otro, un régimen específico para grandes inversiones, basado en acuerdos contractuales con el Estado provincial que permiten negociar incentivos a medida.
El proyecto amplía además el alcance sectorial. A diferencia de la legislación actual, centrada en la industria manufacturera tradicional, incorpora actividades como la agroindustria, la economía del conocimiento —incluyendo software, inteligencia artificial y biotecnología—, las industrias culturales, la infraestructura tecnológica y energética, así como servicios vinculados a la logística, el reciclado y la economía circular.
Entre los principales incentivos fiscales se destaca la creación de un crédito equivalente al 25% de la inversión, aplicable al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. También contempla exenciones en tributos como Sellos, Inmobiliario y en servicios energéticos asociados a la producción. En el caso de grandes proyectos, se prevé incluso la exención total de Ingresos Brutos durante la vigencia del contrato, con el objetivo de competir con esquemas como el RIGI nacional y regímenes de otras provincias.
En materia laboral, la propuesta incluye subsidios mensuales por cada nuevo empleo formal generado durante los primeros cinco años, con incrementos adicionales según ubicación geográfica, perfil exportador o criterios de inclusión. Asimismo, incorpora un esquema de asistencia para afrontar el aumento del consumo energético en MiPyMEs, con aportes decrecientes a lo largo de cinco años.
Los beneficios fiscales tendrían una duración de entre 10 y 15 años para nuevas empresas —según su localización— y entre 2 y 12 años para firmas ya instaladas que amplíen su capacidad. Estos plazos podrían extenderse si se cumplen metas vinculadas a exportaciones, inversión en investigación y desarrollo, mejoras ambientales o integración en clústeres productivos, con un tope máximo de 18 años.
El anteproyecto también apunta a promover el desarrollo equilibrado del territorio provincial mediante mayores incentivos en zonas de menor crecimiento relativo. En paralelo, establece exigencias ambientales estrictas: el incumplimiento de la normativa vigente implicaría la pérdida inmediata de los beneficios.
Finalmente, el esquema prevé un sistema de gestión completamente digital, con plazos acotados de resolución y la posibilidad de aprobación automática si el Estado no responde en tiempo. Para los grandes proyectos, se contempla la inclusión de cláusulas de estabilidad fiscal, que deberán ser ratificadas por la Legislatura provincial en los casos de mayor duración.
En síntesis, la propuesta busca reemplazar un modelo considerado burocrático y limitado por un régimen más ágil, previsible y orientado al desarrollo productivo, la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la generación de empleo de calidad en Santa Fe.