Efectivos de la policía provincial derribaron este jueves un búnker de venta de drogas y clausuraron otro en un operativo conjunto llevado a cabo en el límite de los barrios Industrial, Empalme Graneros y Ludueña. Los inmuebles estaban vinculados a la organización criminal regentada históricamente por Francisco “Fran” Riquelme, quien actualmente cumple una condena a prisión perpetua por homicidios, extorsiones y narcotráfico. Con estas intervenciones, ya son 90 los puntos de venta derribados en la ciudad de Rosario.
Violencia extrema y puntos en disputa
El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, remarcó durante el procedimiento que la aplicación de la Ley de Microtráfico permite dar respuestas diarias en los barrios críticos. “Estos puntos de venta generan violencia: homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones”, señaló el funcionario provincial.
Los operativos se centraron en Felipe Moré al 600 bis y Felipe Moré y Lucio V. López, una locación neurálgica donde convergen los límites barriales y que durante años funcionó como el epicentro de operaciones de la estructura criminal de Riquelme, quien fue detenido originalmente en abril de 2020 en esa misma cuadra tras haber respondido a las órdenes de Esteban Alvarado y ser vinculado a atentados de extrema gravedad, como el ataque contra Mariana Ortigala.
Una investigación con 18 imputados y conexiones judiciales
La causa que derivó en los demoliciones fue impulsada por un equipo de fiscales integrado por Mercedes Banchio, Marina Vigo y Diego Giro, quienes detallaron los alcances de la investigación iniciada a fines de 2025.
Armas y estupefacientes: Durante los allanamientos en los inmuebles, las fuerzas de seguridad secuestraron material estupefaciente y armas de fuego.
Imputaciones masivas: Ya son 18 las personas imputadas en el marco de la causa bajo los delitos de asociación ilícita, comercio organizado de estupefacientes, amenazas, usurpaciones y homicidios conexos.
El rol de la pata legal: El fiscal Diego Giro destacó que la banda logró regenerarse tras la caída de Riquelme —incluso con la participación de su propio hijo— y reveló que un abogado se encuentra con prisión preventiva acusado de facilitar que las directivas impartidas desde la cárcel llegaran a los operadores territoriales.
La justicia local destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas provinciales y federales para desarticular una red que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona noroeste mediante balaceras y usurpaciones sistemáticas.