La Cancillería argentina confirmó la adhesión del país al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una declaración internacional que cuestiona el aborto como derecho y busca coordinar acciones globales en materia de políticas sanitarias y de familia. La firma estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, en un acto que contó con la presencia de funcionarios estadounidenses como el embajador Peter Lamelas y Bethany Kozma, representante del Departamento de Salud de dicho país.
El acuerdo, impulsado originariamente en 2020 bajo el mandato de Donald Trump, no representa un tratado internacional ni implica obligaciones jurídicas vinculantes para la legislación local. No obstante, establece que no existe un derecho internacional al aborto y ratifica la soberanía de cada Estado para determinar sus leyes sanitarias. Con este movimiento, Argentina se convirtió en el primer país en sumarse a la coalición tras el retorno del liderazgo estadounidense a la secretaría del espacio.
Desde el Gobierno nacional remarcaron que la medida busca defender la vida humana, la familia y la autonomía del Estado para fijar políticas públicas. Asimismo, la decisión refuerza la sintonía diplomática entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Trump, alineándose en temas de política exterior, la batalla cultural y el rechazo a la perspectiva de género en foros multilaterales.
Impacto en el marco normativo y preocupaciones de los sectores por del derecho a la salud
La firma del documento no altera la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en el país a fines de 2020. Desde el Ejecutivo no se informaron proyectos para derogar o modificar dicha norma en el Congreso, donde la construcción de mayorías parlamentarias sobre este tema representa un escenario complejo.
Sin embargo, especialistas y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por los efectos indirectos de esta adhesión. Las principales advertencias apuntan al posible desfinanciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, a las dificultades en el acceso a insumos preventivos y al endurecimiento de la postura oficial en los debates que aborden estos derechos en organismos internacionales.