El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, reveló que recibió graves intimidaciones a través de redes sociales en las que amenazaron con dispararle si continuaba con las protestas por la ley de financiamiento universitario. El dirigente ya radicó la denuncia ante la Justicia y repudió el hostigamiento que también sufren su esposa, la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, y su hijo. A la par del ataque contra su familia, la máxima autoridad académica alertó sobre una caída superior al 50 % en las transferencias presupuestarias nacionales y ratificó la convocatoria a la marcha federal.
Intimidaciones en redes sociales y denuncia ante la Justicia
El conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional escaló en violencia digital tras conocerse las recientes intimidaciones contra la máxima autoridad de la UNR. Durante una entrevista periodística, Franco Bartolacci confirmó que radicó una denuncia penal luego de constatar el origen de un mensaje que amenazaba directamente su integridad física. Al comprobar que la cuenta pertenecía a un usuario real y no a un perfil falso, las autoridades judiciales tomaron intervención en la causa.
El rector enmarcó este grave episodio dentro de un clima de hostigamiento permanente que también alcanza a su entorno más cercano. En los últimos días, sectores alineados con el oficialismo nacional cuestionaron duramente a María Eugenia Schmuck, esposa de Bartolacci y titular del Concejo Municipal de Rosario, acusándola de presunto adoctrinamiento académico. Bartolacci rechazó categóricamente las acusaciones, al tiempo que lamentó la violencia que padece su hijo en el entorno digital cada vez que cobra relevancia pública la discusión universitaria.
Crisis presupuestaria, atraso salarial y riesgo en la oferta académica
Más allá del repudio a la violencia, las autoridades universitarias trazaron un panorama crítico respecto del sostenimiento financiero de la institución. Bartolacci graficó que las transferencias del Gobierno nacional cayeron un 54,6 % desde el año 2023 hasta la fecha, impactando de lleno en la infraestructura y los sueldos del personal. La retracción de fondos provocó que el 70 % de los docentes y no docentes del país perciban salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que desencadenó un paulatino éxodo de profesionales y una mayor exigencia de pluriempleo.
La falta de inversión estatal también pone en jaque la continuidad de proyectos educativos con fuerte impacto social en la región. La paralización del envío de recursos para equipamiento y mantenimiento edilicio lleva más de tres años, situación que compromete el desarrollo regular de espacios de formación técnica como la Escuela de Oficios de la UNR, de la cual ya egresaron miles de personas. De no modificarse las pautas fijadas para el próximo ejercicio presupuestario, la casa de estudios no podrá garantizar la continuidad de estos programas.
Reclamo judicial contra el Ejecutivo y convocatoria a la marcha federal
Frente al incumplimiento de la normativa vigente, la conducción universitaria decidió acudir nuevamente a la vía judicial para hacer valer la medida cautelar que exige la actualización periódica de salarios y becas estudiantiles. Ante el veto y la negativa de aplicación por parte del Poder Ejecutivo, los representantes legales de la universidad solicitaron al juzgado interviniente la imposición de sanciones económicas a las autoridades nacionales.
En este escenario de alta tensión, la comunidad de la UNR ratificó su adhesión a la nueva marcha federal universitaria que se replicará en las calles de Rosario. La movilización tendrá como punto de concentración la céntrica Plaza San Martín durante las primeras horas de la tarde, para luego marchar hacia el Monumento Nacional a la Bandera donde se realizará el acto central. Las autoridades académicas instaron a toda la ciudadanía a sumarse de manera masiva para visibilizar la delicada situación que atraviesa la educación pública superior.