La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y fijó un plazo concreto. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Gobierno nacional cumplir con la legislación vigente en un plazo máximo de cinco días.
La resolución exige aplicar las disposiciones vinculadas con la recomposición salarial de docentes y nodocentes, así como la actualización de los programas de becas estudiantiles. Si el Poder Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido, sufrirá la aplicación de astreintes (multas económicas diarias).
Salarios y becas: qué exige la Ley de Financiamiento Universitario
El reclamo central gira alrededor de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795:
- Recomposición salarial (Art. 5): Obliga al Ejecutivo a actualizar las remuneraciones del personal docente y nodocente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. El porcentaje de incremento no puede ser inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Asimismo, fija paritarias cada tres meses como máximo y prohíbe que los aumentos queden por debajo de la inflación mensual.
- Becas estudiantiles (Art. 6): Dispone la actualización de los montos acumulados desde diciembre de 2023 para programas como Progresar, Manuel Belgrano y Becas de Enfermería.
Según los gremios universitarios, aún resta cubrir la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante la gestión de Javier Milei.
La trayectoria del conflicto judicial
El expediente se inició tras un amparo colectivo presentado por el CIN y distintas casas de altos estudios:
- Diciembre de 2025: El juez Cormick dictó la primera medida cautelar contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionaba la ley a la búsqueda de fuentes de financiamiento.
- Confirmación en Cámara: La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar tras advertir sobre el deterioro salarial y su impacto en la educación superior.
- Rechazo de la Corte Suprema: Tras intentos del Gobierno por recusar jueces, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, manteniendo firme la cautelar.
- Feria judicial: Ante la falta de avances durante 2026, referentes universitarios —entre ellos el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci— solicitaron habilitar la feria para apurar la ejecución.
Por qué fracasó el intento del Gobierno por levantar la cautelar
El 10 de junio se firmó un acta entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los sindicatos que otorgaba un 24,33% de incremento a la masa salarial, un 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo a las Becas Manuel Belgrano.
El Poder Ejecutivo argumentó que dicho acuerdo daba por cumplida la ley y solicitó el levantamiento de la cautelar. Sin embargo, el 1° de septiembre el juez Cormick rechazó el pedido: determinó que el entendimiento parcial no eliminaba la pérdida del poder adquisitivo ni el riesgo que motivó la intervención judicial.