La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días y sin goce de sueldo a la fiscal rosarina María Verónica Ballari, en el marco de un proceso disciplinario por demoras e irregularidades detectadas en distintas investigaciones que estaban bajo su responsabilidad dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La medida se vincula, en particular, con su intervención en las denuncias por violencia de género realizadas por la enfermera Ailén Oggero contra su expareja, Jonathan Omill, meses antes de ser asesinada en febrero de 2025 en el barrio Belgrano de Rosario.
El caso generó una fuerte repercusión pública y reavivó cuestionamientos sobre el accionar judicial en situaciones de violencia de género.
Una decisión unánime
La sanción fue aprobada por unanimidad este jueves durante una sesión conjunta de ambas Cámaras legislativas, luego de que la comisión de Acuerdos concluyera que existieron demoras e irregularidades en el desempeño de la fiscal.
La investigación interna se inició a partir de un pedido de la Auditoría General de Gestión del MPA, encabezada por Leandro Mai.
Hasta la resolución, Ballari ya había sido apartada de las áreas especializadas en violencia de género y se desempeñaba en otra dependencia.
En paralelo, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA presentó un planteo para anular la sanción, al sostener que la nueva Constitución provincial dejaría sin efecto la normativa utilizada para impulsarla.
El femicidio de Ailén Oggero
Uno de los expedientes analizados durante el proceso disciplinario fue el vinculado a la investigación contra Omill por hechos de violencia de género.
Ailén Oggero, de 32 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2025 cuando salía de su vivienda. El ataque a tiros fue escuchado por sus dos hijos, menores de edad, y por su padre, Enrique Oggero, que se encontraban en el interior de la casa.
Meses antes del crimen, la mujer había denunciado reiteradas agresiones, amenazas y episodios de violencia por parte de su expareja, de quien intentaba separarse.
En sus presentaciones judiciales, señaló que el hombre la seguía, ingresaba por la fuerza a su domicilio, le había robado el auto y la había agredido físicamente en varias oportunidades.
Como medida de protección, solo se dispuso una restricción de acercamiento. Omill fue detenido tras el femicidio, mientras que la causa aún no tiene imputados por la autoría material del crimen.
El caso expuso fallas en la respuesta judicial ante denuncias de violencia de género y derivó en la sanción a la fiscal por su actuación en la investigación.