Una familia de la ciudad de Santa Fe recibió la primera intimación de pago luego de que su hijo realizara una amenaza a una escuela. Deberá abonar más de 6 millones de pesos en concepto de los gastos que demandó el operativo desplegado tras la falsa alarma. Al recibir la notificación, el padre reaccionó con ironía: “Cara la jodita”.
La medida fue confirmada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien explicó que se trata de la primera acción concreta para recuperar los costos generados por este tipo de intervenciones. El procedimiento prevé identificar a los adultos responsables de menores involucrados y exigirles el pago de los gastos ocasionados.
Durante el operativo realizado este lunes por la mañana, personal policial notificó al padre del menor y le detalló el monto reclamado. Según precisó el funcionario, la carta fue dirigida a ambos progenitores del adolescente, identificado como autor de una de las amenazas, por un total de 6.024.944 pesos, que deberán afrontar de manera solidaria.
Cococcioni adelantó que en las próximas horas continuarán entregando notificaciones similares, con el objetivo de recuperar una suma que ya ronda los 250 millones de pesos.
Las intimaciones incluyen el detalle de la deuda y los medios de pago, con un plazo de cinco días para saldarla. En caso de incumplimiento, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones legales.
En ese marco, el ministro indicó que ya se identificaron a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a más de 70 personas, ya que en algunos casos hay múltiples autores o adultos responsables. “A medida que la Fiscalía valida las identidades, se emiten automáticamente las intimaciones correspondientes”, explicó.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total a recuperar superaría los 250 millones de pesos y podría incrementarse a medida que se confirmen nuevos casos.
El funcionario aclaró que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil destinada a resarcir el daño ocasionado. En ese sentido, remarcó que la deuda puede ser ejecutada conforme a la legislación vigente, lo que habilita medidas como embargos de sueldo o inhibición de bienes.
Finalmente, Cococcioni señaló que el monto reclamado en cada caso se calcula en base a los recursos utilizados en los operativos, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. “Es exactamente el costo que estos procedimientos implican para el Estado. Hay que cuidar los recursos”, concluyó.