La Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, en conjunto con MuMaLá y diversas organizaciones sindicales y sociales, solicitó formalmente la urgente Declaración de la Emergencia en Violencia de Género tanto a nivel provincial como nacional. El reclamo surge como respuesta directa al incremento de los casos de violencia machista y a los recortes presupuestarios en las áreas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas.
Según los datos relevados por el Observatorio MuMaLá, la provincia de Santa Fe registró 32 femicidios y transfemicidios junto a 62 intentos entre enero y mediados de agosto de 2026. A escala nacional, el Observatorio “Ahora que sí nos ven” contabilizó 173 víctimas letales en los primeros ocho meses del año, lo que equivale a un femicidio cada 34 horas en Argentina. Las provincias con mayor cantidad de casos reportados son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Desde las organizaciones denunciaron que el cambio jerárquico del área de Género en la provincia, que pasó de Ministerio a Secretaría, redujo el presupuesto asignado para contener estas situaciones en el territorio. Asimismo, señalaron que la desarticulación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional dejó al país sin un organismo centralizado para articular políticas públicas integrales.
Representantes de la Campaña por la Emergencia remarcaron la falta de herramientas económicas efectivas para garantizar la autonomía de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Si bien existen programas provinciales y nacionales como el Acompañar, advirtieron que las exigencias burocráticas y la necesidad de presentar una denuncia previa dificultan el acceso real para quienes conviven con sus agresores y no cuentan con alternativas de vivienda o refugio.
El documento presentado por las agrupaciones enfatiza que la declaración de emergencia debe ir acompañada por partidas presupuestarias de rápida ejecución, el fortalecimiento de las áreas locales de género en municipios y comunas, y la implementación de campañas de prevención efectivas. Por último, señalaron con preocupación la caída en el porcentaje de denuncias previas —solo el 14% de las víctimas mortales había radicado una consulta institucional—, atribuyendo este fenómeno a la falta de respuestas estatales sostenidas y al avance de discursos desincentivadores hacia las denunciantes.