El Gobierno de Santa Fe llevará adelante este jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario una nueva subasta de bienes decomisados al delito. Se trata de la quinta edición organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en la que se pondrán a remate 150 lotes que incluyen motos, autos, un avión y otros objetos.
Los vehículos ya fueron trasladados al predio este lunes, luego de haber sido exhibidos previamente en el Parque Alem. La actividad despertó un fuerte interés: se inscribieron 5.400 personas de distintos puntos del país, marcando un récord en este tipo de convocatorias durante la actual gestión provincial.
Quienes se registraron podrán acercarse a inspeccionar los bienes el miércoles entre las 10 y las 18, y el jueves de 8.30 a 13. Para ingresar deberán presentar el DNI y tendrán la posibilidad de asistir acompañados por un mecánico, quien también deberá acreditar su identidad. En tanto, las acreditaciones para participar del remate se realizarán el miércoles de 14.30 a 15.30.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la magnitud de la convocatoria y el alcance de la iniciativa. “Más de 5.400 personas de todo el país se anotaron para participar. Es una política pública integral enmarcada en la estrategia de seguridad: el objetivo es quitarles bienes a quienes delinquen y evitar que esos recursos sigan financiando actividades ilegales”, afirmó.
En relación al destino de los fondos, el funcionario explicó que se prioriza la reparación a las víctimas cuando corresponde, con montos que el año pasado superaron los 300 millones de pesos. Además, remarcó que la Aprad se autofinancia con lo recaudado en estas subastas, sin requerir partidas del presupuesto provincial, y que parte de los ingresos también se orienta a políticas públicas, como el apoyo a clubes, centros de jubilados y escuelas.
Sobre el caso puntual del avión incluido en el remate, que había generado una disputa judicial, Figueroa Escauriza aseguró que la situación ya fue resuelta. “La Justicia determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la normativa vigente. No hay presiones políticas, sino cumplimiento de la ley”, sostuvo.
Finalmente, subrayó que Santa Fe es la única provincia que implementa este tipo de mecanismos gracias a una ley de extinción de dominio, y consideró que el modelo debería extenderse al resto del país para evitar que los bienes provenientes del delito se desplacen entre jurisdicciones.