Antes de la inauguración del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe, la Corte Suprema provincial y los ministerios públicos volvieron a exhibir sus diferencias por la distribución de los espacios que ocuparán en el inmueble. El acto oficial se realizará este martes a las 11 y marcará la puesta en funcionamiento de una obra considerada clave para la infraestructura judicial santafesina.
Desde la Corte Suprema señalaron que el denominado “Anexo Palacio de Justicia” permitirá mejorar la prestación del servicio mediante espacios de atención al público más amplios y modernos. Además, sostuvieron que la obra “representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad” y que salda una deuda histórica vinculada a la ampliación del histórico Palacio de Justicia.
La ceremonia será encabezada por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza. También asistirá el gobernador Maximiliano Pullaro. En cambio, no participarán las titulares del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson.
La inauguración llega en medio de una disputa por los espacios que ocuparán la Fiscalía y la Defensoría dentro del nuevo edificio. La Corte resolvió poner a disposición de ambos organismos el sexto piso del anexo y reiteró además la oferta para que utilicen el actual edificio de tribunales y juzgados laborales ubicado sobre calle San Martín, en la ciudad de Santa Fe.
La respuesta del Ministerio Público fue de rechazo. Desde ese organismo sostuvieron que la decisión incumple lo dispuesto en 2021, cuando la propia Secretaría de Gobierno de la Corte había asignado espacios específicos para la Fiscalía y la Defensoría dentro del proyecto. También argumentaron que la Constitución provincial reformada establece que cualquier modificación en esa distribución requiere su conformidad.
El trasfondo del conflicto está vinculado con la nueva situación institucional del Ministerio Público de la Acusación, que tras la reforma constitucional dejó de integrar el Poder Judicial y pasó a tener autonomía como un “extrapoder”. Esa definición fue remarcada por Gutiérrez al justificar la postura del máximo tribunal: “El MPA no pertenece más al Poder Judicial desde que se reformó la Constitución, es un extrapoder, y ese edificio es del Poder Judicial”.