La violencia de género en los centros educativos de élite vuelve a conmocionar a Estados Unidos. En esta ocasión, el centro de la polémica es la Universidad de Cornell, en el Estado de Nueva York, que enfrenta una grave acusación luego de que una exestudiante denunciara haber sido drogada y violada durante horas por siete miembros de la fraternidad masculina Chi Phi en octubre de 2024.
Tras la presentación de una demanda civil y el masivo revuelo generado en redes sociales —donde los sospechosos ya son señalados públicamente—, la Fiscalía del Estado de Nueva York decidió reabrir la investigación penal.
Relato de los hechos: una fiesta y una agresión sistemática
La denunciante, que ha optado por mantener el anonimato bajo el seudónimo legal de Jane Doe para proteger su identidad y la de su familia, relata que los hechos ocurrieron tras una jornada de celebración en la casa de la fraternidad.
Según consta en la demanda, la joven —que entonces tenía 20 años— fue presionada por dos miembros de Chi Phi para inhalar una sustancia que cree que era ketamina. Posteriormente, uno de los agresores difundió un mensaje en un chat grupal de la plataforma Snapchat indicando que había una mujer en la planta alta dispuesta a mantener relaciones. A partir de ese aviso, varios hombres acudieron al lugar y la agredieron sexualmente durante horas.
Semanas después, la víctima realizó una denuncia formal ante la policía universitaria, pero el caso no avanzó judicialmente en su momento. De acuerdo con su defensa legal, solo dos de los acusados fueron expulsados de la institución y ninguno enfrentó detenciones policiales.
Las acusaciones contra la Universidad de Cornell
El núcleo de la demanda no apunta únicamente contra los presuntos agresores individuales, sino también de manera directa contra la Universidad de Cornell y la fraternidad Chi Phi por negligencia institucional. “Solicito una indemnización a los demandados individuales por el abuso sexual atroz que sufrí, así como a los demandados institucionales por permitir, facilitar, fomentar, ayudar y ser cómplices de que se produjeran estos abusos”, señala el escrito presentado por la demandante, quien abandonó la universidad tras el episodio traumático.
La Fiscalía reabre la investigación
La presión mediática y la gravedad de las acusaciones obligaron a las autoridades judiciales a dar marcha atrás y reexaminar el expediente. Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, emitió un comunicado este lunes informando que su oficina se encuentra evaluando la presentación de nuevos cargos penales.
El fiscal justificó la reapertura debido a que los detalles contenidos en la demanda civil son “drásticamente diferentes” a la declaración original realizada ante la policía en 2024. “Queremos volver a examinar si existen pruebas adicionales que pudieran modificar nuestra valoración del caso y llevar al gran jurado a determinar que hubo una conducta delictiva”, afirmó.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el persistente problema de las agresiones sexuales y la cultura de impunidad en los campus universitarios de la prestigiosa Ivy League, una problemática estructural documentada durante años por asociaciones de universidades estadounidenses sin una solución definitiva.