Este miércoles 16 de septiembre vence de forma impostergable el plazo para que el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presente ante la Justicia el descargo formal sobre la evolución de su patrimonio desde su ingreso a la función pública el 10 de diciembre de 2023.
La fecha límite responde a la prórroga de 15 días hábiles otorgada por el juez federal Ariel Lijo a pedido de la defensa del exfuncionario. El requerimiento cursa en la fiscalía de Gerardo Pollicita, luego de que un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectara inconsistencias tras el cruce de declaraciones juradas, datos bancarios, activos virtuales y registros inmobiliarios.
Las principales inconsistencias en la mira judicial
El informe de la DAFI —que consta de 207 fojas— analiza los movimientos patrimoniales del grupo familiar de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Entre los puntos centrales que debe justificar hoy ante el fuero federal se destacan:
- Desbalance de ingresos y gastos: La fiscalía registró ingresos familiares en pesos por $229,7 millones frente a erogaciones por $272,8 millones, lo que deja una diferencia sin justificar de $43,1 millones.
- Operaciones en moneda extranjera: Se investiga el origen de US$ 402.578 utilizados para compras inmobiliarias, alquileres, viajes al exterior y remodelaciones que no se respaldan con los ingresos formalmente declarados.
- Dólares en efectivo y rectificaciones: Adorni deberá precisar la trazabilidad, fecha, compradores y montos de las supuestas ventas de activos con las que justificó la incorporación de dólares en efectivo en sus declaraciones juradas rectificativas.
Inmuebles, vehículos y operaciones en criptomonedas
La investigación judicial puso especial foco en la adquisición y refacción de propiedades a nombre del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
La fiscalía requiere explicaciones sobre el origen de los fondos para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y un lote en el country Indio Cuá. En este último caso, se investigan pagos en efectivo al contratista Matías Tabar por un total de 245 mil dólares.
El requerimiento dictado por Pollicita abarca además la justificación de préstamos familiares, la compra de una camioneta Jeep, gastos abonados a través de terceros y depósitos bancarios no vinculados a sus haberes estatales. Asimismo, la Justicia solicitó informes a plataformas de criptoactivos para validar el origen de los fondos con los que el exjefe de Gabinete inició sus inversiones en monedas virtuales.