El sobreendeudamiento de las familias en Argentina dejó de ser un desajuste financiero menor para consolidarse como un fenómeno social que impacta en la economía diaria, la salud y la dignidad de los ciudadanos. Ante la masificación de los créditos de consumo, la inflación crónica y la pérdida del poder adquisitivo, la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una sesión especial para debatir 49 proyectos de ley repartidos en 11 comisiones orientados a resolver la insolvencia de las personas físicas. En el fuero civil y comercial resulta evidente que la legislación concursal vigente, basada en la Ley 24.522 de 1995, fue concebida para empresas y comerciantes, dejando a los consumidores sin una herramienta clara para reorganizar su patrimonio.
La exoneración de deudas y los proyectos en el Congreso
El debate parlamentario reúne diversas iniciativas entre las que destacan los proyectos presentados por los diputados Esteban Paulón, Pablo Farías y Yolanda Vega, los cuales buscan incorporar la figura de la exoneración del pasivo residual. Este instituto jurídico permite que un deudor de buena fe quede liberado de las obligaciones financieras que no pudo saldar tras agotar sus bienes, evitando que la deuda se transforme en una condena perpetua. Las propuestas incluyen desde la mediación previa obligatoria y planes de pago a cinco años hasta la protección de la vivienda única, instrumentos de trabajo y una cuota de subsistencia inembargable.
Un problema de salud pública y dignidad humana
Las consecuencias de la insolvencia trascienden la esfera privada entre acreedores y deudores, derivando en cuadros de estrés, afecciones físicas y depresión que afectan el rendimiento laboral y la vida familiar. Al quedar excluidos del crédito formal, los deudores caen en manos de prestamistas no regulados con tasas usurarias. Por ello, especialistas sostienen que el problema debe abordarse desde una perspectiva social, recordando que la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe (sancionada en septiembre de 2025) ya incorporó en su artículo 32 la protección explícita frente a los riesgos del sobreendeudamiento. La sanción de una ley nacional permitirá saldar una deuda histórica y ofrecer a millones de argentinos el derecho a empezar de nuevo.