El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó este miércoles por la tarde una reunión en el recinto de la Cámara Alta para analizar el Mensaje N.º 32/2026 del Poder Ejecutivo, referido al Código de Implementación de los Derechos de las Personas Consumidoras de la Provincia de Santa Fe.

Participaron los senadores Esteban Motta, Armando Traferri, Orfilio Marcón y Ciro Seisas. También estuvieron presentes representantes del Consejo Económico y Social (CEyS), de organizaciones de defensa de los consumidores, del sector académico y del ámbito asociativo y cooperativo.

En representación del Consejo Económico y Social asistieron su secretario ejecutivo y coordinador, Jorge Dolce; su vicepresidenta, María Victoria Noriega Sánchez; y el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido. También participaron María Paula Arias, de APRECO Centro Sur; Érica Dell’Elce, tesorera de APRECO; Gerónimo Peñalva, subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública; Julia Tonero, secretaria Legal y Técnica de esa cartera; Juan Pivetta, del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Productivo; Rosana Soto, integrante de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Brigadier General Estanislao López” (FESAEM); Gonzalo Sozzo, director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral; y Erich Bertuzzi, en representación de Pastores Evangélicos de Rosario.

Un proyecto surgido de la reforma constitucional

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio para enriquecer el análisis de las iniciativas legislativas. “Como Senado tenemos la responsabilidad de escuchar a los distintos sectores de la sociedad, especialmente cuando se trata de una normativa que busca garantizar derechos y brindar herramientas concretas a las personas consumidoras. Este proyecto es fruto de un proceso de consulta y participación, y es importante que podamos conocer las distintas miradas, recibir aportes y analizar sus alcances antes de avanzar en su tratamiento”, expresó.

Posteriormente, Juan Cruz Cándido explicó que la iniciativa responde a dos lineamientos derivados de la reforma constitucional de 2025: avanzar en la implementación de los derechos de las personas consumidoras y recurrir al Consejo Económico y Social como ámbito de consulta y participación para la elaboración de políticas públicas. En ese sentido, agradeció la celeridad con la que el Senado avanza en el tratamiento del proyecto.

El Código propone un marco integral para la protección de las personas consumidoras, organizado en cinco capítulos. Entre sus principales aspectos se encuentran las políticas de prevención, promoción, educación y participación; la creación de un sistema administrativo de defensa del consumidor; y la regulación de los procesos judiciales individuales y colectivos. También incorpora herramientas para abordar las relaciones de consumo en entornos digitales, prevenir prácticas abusivas y combatir la publicidad ilícita.

Aportes del Consejo Económico y Social

Durante las intervenciones, Jorge Dolce destacó el carácter participativo y multisectorial del Consejo Económico y Social, y valoró especialmente la calidad técnica y el nivel de discusión alcanzados durante la elaboración de la propuesta.

Por su parte, Julia Tonero señaló que se trata de una de las normas necesarias para implementar los derechos incorporados en la reforma constitucional. Explicó que el proyecto busca traducir esos derechos en herramientas concretas para la vida cotidiana, mediante un sistema de protección que incluye procedimientos administrativos para la defensa de los consumidores. También destacó su articulación con otras normas recientes y con una reforma más amplia de la Justicia.

El académico Gonzalo Sozzo consideró que la iniciativa reúne consensos sobre la regulación de los derechos de las personas consumidoras y recupera instrumentos reconocidos en el ámbito nacional. Sostuvo que su aprobación permitiría saldar una deuda normativa y ubicar a Santa Fe entre las provincias con una regulación actualizada en la materia, en consonancia con la reforma constitucional.

Desde el sector asociativo, Juan Pivetta planteó la importancia de que las mutuales y cooperativas sean contempladas en la reglamentación de la futura norma, y remarcó la necesidad de que el Estado conserve un rol de control. En tanto, María Victoria Noriega Sánchez valoró que el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social forme parte del CEyS y destacó que sus aportes hayan sido considerados durante el proceso de elaboración.

María Paula Arias, por APRECO, celebró que la iniciativa surgiera del trabajo del Consejo Económico y Social y manifestó su expectativa de que pueda avanzar en su tratamiento legislativo. También señaló que el proyecto contempla las competencias delegadas por la Provincia a la Nación y busca regular aspectos que aún no cuentan con una respuesta normativa específica.

El acompañamiento de los legisladores

El senador Ciro Seisas expresó su satisfacción por el trabajo realizado en la elaboración del Código, aunque remarcó la necesidad de avanzar con celeridad en su tratamiento, frente a las problemáticas que atraviesan las personas consumidoras, entre ellas el aumento del endeudamiento en la provincia.

Por último, el senador Esteban Motta destacó que la iniciativa permite actualizar el marco normativo provincial y brindar mayores herramientas para que los consumidores puedan defender sus derechos. Asimismo, subrayó la importancia de que la regulación contemple y reconozca el papel de las mutuales y cooperativas.

El encuentro permitió intercambiar observaciones y aportes sobre el contenido del Mensaje N.º 32/2026, en una instancia de diálogo entre representantes de los distintos sectores involucrados en la elaboración de la propuesta y los legisladores encargados de su tratamiento.