La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves la media sanción de un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todas las personas que ejerzan cargos públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. La propuesta pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La iniciativa, impulsada en julio pasado por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, surgió como respaldo a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, quien semanas atrás se sometió voluntariamente a un examen de drogas e instó a su equipo a replicar la medida.
Claves del proyecto: controles, frecuencia y alcance
El texto busca consolidar una política de integridad institucional y prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales en la función pública.
- Frecuencia y modalidad: Los controles serán gratuitos y obligatorios. Se realizarán dentro de los primeros 30 días de asumido el cargo, con controles anuales periódicos, testeos aleatorios por sorteo y ante denuncias fundadas.
- Alcance de la medida: Incluye a gobernador, vicegobernadora, ministros, legisladores, miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y autoridades de organismos de control. El resto de los agentes públicos provinciales podrán hacerlo de manera voluntaria.
- Protocolo de confidencialidad: El proceso garantizará la dignidad de la persona, la cadena de custodia de la muestra y el derecho a la defensa.
¿Qué ocurre ante un resultado positivo o una negativa?
La norma diferencia el abordaje ante un examen positivo respecto de la negativa a realizarlo:
- Resultado positivo: Tendrá un enfoque sanitario y no punitivo. Se brindará abordaje interdisciplinario, asistencia médica y evaluación de aptitud para el ejercicio de las funciones.
- Negativa a realizar el test: Será considerada una falta grave e iniciará mecanismos que pueden derivar en suspensión preventiva, sumario administrativo o remoción del cargo según la legislación vigente.