La Cámara de Diputados fue citada a sesionar este miércoles a las 15 para debatir la reforma de la Ley de Glaciares promovida por el Gobierno, en un contexto marcado por la controversia en torno a la reducción de oradores durante las audiencias públicas. El pedido de sesión fue impulsado por legisladores de La Libertad Avanza y bloques aliados ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, con la intención de avanzar hacia la sanción definitiva del proyecto.
La convocatoria llega en la antesala de una reunión clave de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, prevista para este martes, donde el oficialismo buscará firmar dictamen. Si el texto se aprueba sin cambios en el recinto, se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero.
El proyecto introduce modificaciones en la definición de las áreas protegidas al diferenciar entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”. A partir de esta distinción, la inclusión de estos territorios como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción, que determinarán su incorporación al Inventario Nacional de Glaciares y el nivel de protección correspondiente.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma apunta a clarificar la normativa vigente y brindar mayor seguridad jurídica. No obstante, la iniciativa genera reparos por su posible impacto sobre el esquema de protección ambiental, especialmente en zonas donde coexisten reservas hídricas con actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos.
El impulso al proyecto también se vincula con acuerdos alcanzados entre el Gobierno y gobernadores de provincias cordilleranas, que reclaman una normativa más flexible para fomentar inversiones en sectores actualmente limitados por la legislación vigente.
En ese sentido, la propuesta busca flexibilizar el régimen de protección del ambiente periglaciar mediante una nueva categorización de estas formaciones. Esto permitiría redefinir los límites de las áreas protegidas y habilitar actividades industriales en zonas que hoy se encuentran vedadas.
Así, la protección dejaría de ser homogénea en todo el territorio periglaciar y pasaría a depender de evaluaciones técnicas específicas. Mientras los glaciares continuarían con una prohibición absoluta de intervención, podrían autorizarse actividades económicas en áreas periglaciares que no sean consideradas estratégicas en términos hídricos.
El texto mantiene la vigencia del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sin embargo, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que tendrá un rol central en la coordinación de los relevamientos y en la definición de las zonas protegidas.
Asimismo, el proyecto conserva la prohibición de actividades que alteren de manera significativa las condiciones naturales de las áreas protegidas, como el vertido de contaminantes, la construcción de grandes infraestructuras y la explotación minera o hidrocarburífera en esos sectores. En paralelo, habilita la investigación científica, las tareas de rescate y las prácticas deportivas de bajo impacto.
La legislación vigente, sancionada en 2010, protege tanto a los glaciares visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por suelos y sedimentos congelados, considerados reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para el equilibrio ambiental y la regulación hídrica en regiones cordilleranas.
Cuestionamientos por las audiencias públicas
El tratamiento del proyecto estuvo atravesado por críticas durante las audiencias en Diputados, principalmente por la limitación en la cantidad de oradores pese al elevado número de inscriptos, lo que derivó en denuncias sobre la legalidad del proceso.
En ese marco, el presidente del IANIGLA, Pablo Villagra, cuestionó la iniciativa al afirmar que el texto aprobado por el Senado “no representa una mejora” respecto de la normativa actual. Según advirtió, la propuesta deja sectores con hielo sin protección, introduce ambigüedades y subordina criterios científicos a decisiones políticas. También remarcó la importancia del Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para resguardar los recursos hídricos.
En contraste, el geólogo Marcelo Placet defendió la reforma y desestimó las críticas al considerar que los planteos sobre posibles riesgos para las fuentes de agua “apelan al miedo y al desconocimiento”. A su vez, expositores de distintas provincias rechazaron tanto la dinámica de las audiencias como el contenido del proyecto, al que algunos calificaron como “inconstitucional”.