En el marco del plan de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei, se concretó la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El consorcio encabezado por la empresa Rowing S.A. se quedó con el 90 por ciento de las acciones de la compañía tras presentar una oferta de 340,2 millones de dólares, superando al grupo Roggio (que ofertó 285 millones).
Sin embargo, la operación quedó inmediatamente rodeada de polémicas, cuestionamientos judiciales y denuncias políticas, debido a que la cifra final quedó casi 110 millones de dólares por debajo de la expectativa inicial del Ministerio de Economía (que estimaba unos 450 millones).
Claves y cuestionamientos de la licitación
- Sin precio de referencia: La licitación se llevó a cabo bajo la Resolución 704 sin establecer un precio base y con la tasación del patrimonio de la empresa en reserva, lo que impidió conocer públicamente el valor real de una infraestructura construida con fondos públicos durante décadas.
- Vínculos políticos y empresariales: El consorcio ganador está integrado por Rowing —propiedad de Walter Román—, la brasileña Arcos, el fondo neerlandés PHX y Transclor (de Mauricio Filiberti, proveedor histórico de insumos para AySA y socio en Edenor). Críticos de la medida señalaron antecedentes de aportes de empresas del holding a la campaña de La Libertad Avanza en 2025 y contrataciones previas cuestionadas en el PAMI.
- Acciones legales y amparos: La Defensoría del Pueblo bonaerense y legisladores opositores presentaron amparos colectivos y denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cuestionando la concentración de funciones en el BICE y la omisión de las tasaciones oficiales.
Tarifas, cortes de suministro y antecedentes en los 90
La privatización de la empresa que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires trae aparejada discusiones sensibles sobre el impacto en los hogares:
- Aumento de tarifas: El Gobierno convocó a una audiencia pública para evaluar subas de hasta el 22,6 por ciento en las tarifas, una actualización que podría generar ingresos adicionales por más de 370 millones de dólares en cuatro años.
- Riesgo de cortes por falta de pago: El marco regulatorio modificado recientemente (Decreto 805/2025) habilitó bajo ciertas condiciones la interrupción del suministro de agua ante deudas, lo que encendió alertas sobre el acceso a un derecho humano básico en sectores vulnerables.
- El fantasma de los 90: Especialistas recordaron la fallida concesión a la francesa Suez durante la década del 90, que derivó en conflictos tarifarios e incumplimientos de inversión hasta que el Estado recuperó el control de AySA en 2006 para expandir drásticamente la cobertura de saneamiento y redes potables.
A pesar de la adjudicación, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó medidas cautelares para exigir que la empresa mantenga sus obligaciones de garantizar el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano, mientras la Justicia federal continúa evaluando el fondo del conflicto normativo y constitucional.