El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la legislación migratoria para incorporar como nueva causal de prohibición de ingreso y expulsión del país a los extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que señaló que la medida busca responder a las “recientes manifestaciones de hostilidad” dirigidas contra la Argentina y sus habitantes.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el comunicado oficial, que remarcó que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos “no es negociable”.

Qué establece el decreto

Según el Gobierno, la nueva normativa incorpora como causal migratoria la emisión o promoción de mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad, tanto para impedir el ingreso al país como para disponer la expulsión de extranjeros que ya residan en territorio nacional.

El Ejecutivo aclaró que la disposición no alcanza a las expresiones de disenso político, ideológico, académico o ciudadano amparadas por la libertad de expresión, sino únicamente a aquellas conductas que sean consideradas mensajes de odio o actos de hostilidad contra la Argentina y sus símbolos nacionales.

El texto del comunicado oficial

El contexto de la decisión

El Gobierno vinculó la medida con la denominada “campaña antiargentina” que, según sostiene, se intensificó durante el Mundial 2026, especialmente a través de redes sociales y manifestaciones públicas dirigidas contra el país y sus ciudadanos.

La decisión también se produce en medio de un escenario de tensión diplomática con Brasil, luego de los cruces entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de las repercusiones internacionales derivadas del Mundial.

El DNU modifica la Ley de Migraciones e incorpora estas nuevas causales al régimen vigente de admisión y permanencia de extranjeros en la Argentina.