El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios en el sistema penal aplicable a adolescentes y fija nuevas reglas para el juzgamiento de menores que cometan delitos.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. Además, el nuevo régimen incorpora un sistema de sanciones graduadas que contempla tanto la edad del adolescente como las circunstancias en que se produjo el hecho, con un enfoque orientado a la educación y la reinserción social.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado el 27 de febrero, durante el período de sesiones extraordinarias, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que representó un nuevo respaldo legislativo para el oficialismo de La Libertad Avanza.
En la región, varios países ya establecen edades de imputabilidad similares o incluso menores. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la fijan en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá comienzan a partir de los 12. En estos sistemas, el tratamiento de los menores suele combinar sanciones con medidas socioeducativas destinadas a su reinserción.
El proyecto original impulsado por el Ejecutivo proponía establecer la imputabilidad desde los 13 años. Sin embargo, durante el debate parlamentario y tras negociaciones con bloques dialoguistas, el Gobierno aceptó elevar el límite a 14 años para asegurar los consensos necesarios para su aprobación en el Congreso.
Ese cambio permitió sumar el apoyo de aliados como el PRO y la UCR, cuyos legisladores consideraban que el piso de 14 años representaba un punto de equilibrio y acercaba la legislación argentina a los parámetros predominantes en América Latina.