El gobierno de Javier Milei volvió a modificar uno de los puntos más controvertidos de la reforma de la Ley de Tierras en un intento por reunir los votos necesarios en el Senado. Luego de impulsar la eliminación de todos los límites para la compra de campos por parte de extranjeros, ahora analiza mantener una restricción, aunque más amplia que la vigente: el tope pasaría del 15% al 25% de las tierras rurales de cada provincia.
El cambio forma parte de un nuevo borrador del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a circular entre los senadores de La Libertad Avanza y los bloques aliados. La iniciativa será uno de los principales temas de la sesión prevista para este jueves 6 de agosto, cuando la Cámara alta retome el cuarto intermedio dispuesto en julio por la falta de consensos.
La nueva versión establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir tierras rurales por encima del 25% del territorio de cada provincia. De aprobarse esa redacción, el límite vigente se ampliaría en diez puntos porcentuales, aunque quedaría descartada la propuesta original del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que promovía una apertura sin restricciones.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en el ámbito nacional, provincial y departamental o municipal. Además, limita la concentración de una misma nacionalidad dentro de ese cupo y fija restricciones para las adquisiciones individuales en la zona núcleo agropecuaria.
Deliminar la apertura total
El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo proponía eliminar tanto el límite del 15% como el máximo de mil hectáreas que puede adquirir un propietario extranjero en la zona núcleo. El Gobierno argumentaba que esas restricciones desalentaban inversiones en actividades agropecuarias, forestales, portuarias y vinculadas con las economías regionales.
Sturzenegger también defendió la iniciativa apoyándose en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos para adquirir y disponer de bienes inmuebles.
Sin embargo, la resistencia de sectores aliados y el rechazo político que despertó la propuesta obligaron al oficialismo a revisar su estrategia. La posibilidad de elevar el límite al 25% implica abandonar la idea de eliminar completamente las restricciones y mantener un régimen específico para la propiedad extranjera de tierras rurales.
La negociación quedó en manos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien habría advertido a la Casa Rosada que sin una modificación de ese alcance sería muy difícil alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa.
Una negociación que sigue abierta
Hasta el fin de semana, el oficialismo estimaba contar con entre 34 y 35 votos, una cifra insuficiente para garantizar la media sanción. Con el nuevo texto, Bullrich intenta sumar el respaldo de legisladores radicales y de bloques provinciales que rechazaban la eliminación absoluta de los controles.
La reforma ya atravesó al menos 17 versiones y cinco intentos frustrados de tratamiento. En la sesión del 16 de julio, La Libertad Avanza tampoco consiguió reunir los apoyos necesarios y decidió postergar el debate mediante un cuarto intermedio.
Durante las negociaciones previas, Bullrich había acordado con algunos aliados permitir que las provincias establecieran sus propios límites mediante leyes locales. Esa alternativa fue inicialmente resistida por el equipo de Sturzenegger, aunque la falta de respaldo parlamentario terminó imponiendo una posición más flexible.
Aun así, el cambio no alcanzó para despejar todas las objeciones. Gobernadores, organizaciones ambientales, entidades sociales y distintos sectores políticos mantuvieron sus cuestionamientos, mientras que para el día de la sesión también se convocó una movilización frente al Congreso contra la reforma.
El escenario político
Las diferencias también alcanzan al propio oficialismo. Algunos senadores cuestionan que los proyectos impulsados por Sturzenegger obliguen a realizar concesiones que luego condicionan otras negociaciones parlamentarias, como las vinculadas con la reforma política.
A ese panorama se sumó la incertidumbre por la posición de los representantes de Misiones. Mientras el oficialismo daba por asegurados los votos de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, la interna política en esa provincia modificó el escenario. Según trascendió, Rojas Decut se inclinaría por rechazar la iniciativa, mientras que Arce aún no definió públicamente su postura.
La pérdida de ese respaldo volvió a complicar el conteo de votos. En el Congreso reconocen que el resultado dependerá, en gran medida, de la posición que adopten los senadores vinculados a los gobernadores provinciales.
Expectativa por la votación
Antes del debate, Bullrich tiene previsto presentar públicamente los cambios incorporados al proyecto junto a los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, con el objetivo de unificar la defensa de la iniciativa.
De este modo, el oficialismo llegará al recinto con una propuesta distinta de la que impulsó inicialmente. La reforma ya no eliminaría por completo los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, sino que elevaría el porcentaje permitido del 15% al 25%.
Pese a las modificaciones, el resultado sigue siendo incierto. En el propio Senado reconocen que todavía no está garantizada la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.
En caso de un eventual empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no participaría de la definición, ya que este jueves quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia. La sesión será presidida por el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala.