El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón presentó este martes un proyecto de ley para regular la “muerte voluntaria médicamente asistida”, una práctica que se aplicaría bajo condiciones específicas en casos donde la salud del paciente se encuentre gravemente comprometida.
La iniciativa busca establecer un marco legal que garantice el derecho a decidir sobre el final de la vida, contemplando procedimientos, controles y resguardos tanto para pacientes como para profesionales de la salud. “Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria”, expresó el legislador, al tiempo que detalló que el proyecto define principios, derechos, obligaciones y mecanismos de seguimiento institucional.
Entre los ejes centrales de la propuesta se incluyen conceptos como la autonomía, la dignidad, la no maleficencia y la igualdad en el acceso, que funcionarían como pilares para su aplicación.
El debate sobre la eutanasia no es nuevo en el Congreso. En noviembre de 2025, el diputado de la Unión Cívica Radical Lisandro Nieri había impulsado un proyecto similar, orientado a permitir que personas con enfermedades graves, incurables o crónicas puedan solicitar asistencia médica para morir, bajo estrictas condiciones legales. Esa iniciativa también proponía modificaciones al Código Penal para brindar respaldo jurídico a quienes intervengan en estos procesos.
Mientras el tema comienza a ganar espacio en la agenda legislativa argentina, en la región ya se registran avances concretos. El 22 de mayo pasado, Uruguay concretó la primera muerte por eutanasia desde la aprobación de su ley en octubre de 2025, promulgada luego por el presidente Yamandú Orsi.
El caso correspondió a una mujer de 69 años con cáncer de páncreas en etapa terminal y metástasis avanzadas, quien accedió al procedimiento tras cumplir con todos los requisitos legales y firmar su consentimiento. La paciente se encontraba bajo cuidados paliativos al momento de solicitar la práctica.
Con esta legislación, Uruguay se convirtió en el tercer país de América Latina en habilitar la eutanasia, junto a Colombia y Ecuador, en un contexto regional donde el debate sobre el derecho a una muerte digna continúa en expansión.