Hace más de una década, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que habilitaba la construcción de cocheras subterráneas en seis espacios públicos estratégicos del centro de la ciudad. Sin embargo, los proyectos nunca llegaron a concretarse. Ahora, una iniciativa presentada por la concejala Samanta Arias, de La Libertad Avanza, busca modificar esa normativa para destrabar las inversiones y facilitar la ejecución de las obras.
La propuesta modifica la ordenanza N.º 9.145, sancionada en 2013, con el objetivo de corregir aspectos que, según la edil, impidieron su aplicación durante todos estos años. El proyecto ingresó al Concejo Municipal el miércoles pasado y comenzó a ser analizado en la comisión de Planeamiento.
“Se hizo una norma que decía que se podía construir este tipo de estacionamientos, pero que en la práctica tenía deficiencias que hacían que no se pudiera avanzar”, explicó Arias.
La falta de estacionamiento, uno de los argumentos
La concejala sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a un problema creciente en el área central de Rosario: la escasez de espacios para estacionar, en un contexto de aumento del parque automotor.
Según datos del municipio citados por la legisladora, la cantidad de vehículos registrados en la ciudad pasó de 583.586 en 2019 a 641.615 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 10 %.
“Se necesita más estacionamiento desde hace una década y la norma para construirlo ya existe. Lo que faltaba era un marco para que efectivamente pudiera ejecutarse, que atrajera inversión, y eso es lo que venimos a corregir. Es una propuesta que va a generar sostenibilidad en cuanto al tránsito, inversión y empleo”, afirmó.
Un proyecto que acumula más de diez años de intentos
La ordenanza original contemplaba la construcción de playas de estacionamiento subterráneas en seis puntos del centro: bulevar Oroño y avenida de la Costa, el entorno del Centro Municipal Distrito Centro, la plaza del Foro, Pellegrini y Corrientes, la plaza Libertad y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar).
No obstante, los intentos por avanzar con estas obras comenzaron incluso antes de la aprobación de la normativa. En 2012, un proyecto para construir un estacionamiento subterráneo en plaza San Martín fue frenado por una medida cautelar de la Justicia debido a la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo.
Posteriormente, entre 2015 y 2016, los proyectos para la plaza del Foro y el Distrito Centro también enfrentaron recursos de amparo vinculados a la preservación de antiguas trazas ferroviarias. A esto se sumó que las licitaciones fueron declaradas desiertas en dos oportunidades consecutivas por falta de empresas interesadas.
“El problema es que cada vez que se intentó avanzar, faltó un estudio ambiental hecho a tiempo, falló la instancia de participación ciudadana o las condiciones económicas de la concesión directamente no le cerraban a ningún privado”, señaló Arias.
Los principales cambios que propone la iniciativa
El proyecto incorpora modificaciones en cuatro ejes principales: estudios ambientales obligatorios, ampliación de los lugares donde podrán construirse estacionamientos, nuevas condiciones para incentivar la inversión privada y mayores resguardos ambientales y patrimoniales.
Entre las novedades, se establece que antes de enviar cualquier pliego de licitación al Concejo deberán estar aprobados la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), un informe sobre movilidad y tránsito, además de dictámenes de Aguas Santafesinas, Litoral Gas y la Empresa Provincial de la Energía respecto de las redes de infraestructura subterránea.
También se elimina el listado cerrado de ubicaciones previsto por la ordenanza vigente y se habilita la posibilidad de construir estacionamientos tanto en espacios públicos como en predios municipales y bajo avenidas u otras vías públicas, ya sea por iniciativa del municipio o de desarrolladores privados.
Además de las cocheras subterráneas, el proyecto incorpora la posibilidad de desarrollar estacionamientos en altura, de hasta seis niveles, y estructuras mixtas, con el objetivo de ofrecer alternativas donde las condiciones del terreno o los costos de excavación dificulten las obras bajo tierra.
En materia económica, la propuesta extiende el plazo máximo de concesión a 40 años, establece un canon escalonado que aumenta a medida que el concesionario recupera la inversión, incorpora la figura del derecho real de superficie para facilitar el financiamiento de las obras y eleva del 20 % al 40 % la superficie destinada a usos comerciales complementarios sin necesidad de autorización específica del Concejo.
La iniciativa también contempla medidas de protección ambiental y patrimonial, como la preservación prioritaria del arbolado urbano, la relocalización cuando resulte necesaria y la reposición obligatoria de dos árboles nativos por cada ejemplar afectado. Asimismo, protege expresamente bienes patrimoniales, sitios arqueológicos, trazas ferroviarias e infraestructura existente.
Por último, propone una bonificación del 20 % en la alícuota del Derecho de Registro e Inspección (Drei) durante los primeros 24 meses para los comercios y servicios que funcionen en los espacios complementarios de las nuevas playas de estacionamiento.