El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves una ordenanza destinada a combatir las carreras clandestinas en la ciudad. La iniciativa, impulsada por la concejala Samanta Arias, de La Libertad Avanza, obtuvo respaldo de distintos bloques políticos luego de varias semanas de debate y se convirtió en una nueva política pública local orientada a reforzar los controles y sanciones contra este tipo de prácticas ilegales.
La normativa establece un protocolo de prevención y actuación permanente frente a las conocidas “picadas”, con medidas más severas para quienes participen en este tipo de actividades. Entre los principales puntos, contempla la inhabilitación definitiva para conductores reincidentes y obliga a los infractores a asumir los costos del desguace de modificaciones ilegales realizadas en sus vehículos, además de presentar una revisión técnica realizada por un ingeniero mecánico para recuperarlos.
“Queremos terminar con las picadas ilegales. El que crea que puede usar la calle como pista de carreras tiene que saber que vamos a ser inflexibles”, expresó Arias tras la aprobación del proyecto.
La ordenanza surgió a partir de los reiterados reclamos vecinales en sectores como bulevar Oroño y Lamadrid, así como en avenida Carrasco, en la zona norte de Rosario, donde denuncian la realización frecuente de carreras ilegales durante la madrugada, acompañadas por ruidos molestos y consumo de alcohol.
El protocolo aprobado prevé operativos de “saturación táctica”, con controles dinámicos basados en mapas de denuncias recibidas a través de la línea 147, y la implementación de una “táctica de cerrojo”, destinada a bloquear posibles vías de escape para facilitar el secuestro inmediato de los vehículos involucrados.
Uno de los aspectos más estrictos de la normativa es la denominada “adecuación técnica obligatoria”. Antes de devolver un vehículo secuestrado, el Tribunal de Faltas podrá ordenar el decomiso y destrucción de piezas no homologadas, como escapes modificados o sistemas de óxido nitroso, cuyos costos deberán ser afrontados por el propietario.
Además, el proyecto incorpora un endurecimiento del régimen de multas, con duplicación de sanciones ante la primera reincidencia e inhabilitación definitiva tras una segunda falta. También obliga al municipio a presentar denuncias penales ante el Ministerio Público de la Acusación bajo el artículo 193 bis del Código Penal.
A pedido del bloque justicialista, se añadieron talleres obligatorios de educación y concientización vial como complemento de las sanciones.
Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de la coordinación con servicios de emergencia y el uso de cámaras de videovigilancia para registrar pruebas durante los operativos.
Tras la votación, Arias afirmó que la aprobación de la ordenanza representa “un acto de justicia” frente a las víctimas fatales provocadas por las carreras ilegales en Rosario y sostuvo que la nueva normativa busca retirar de las calles a quienes ponen en riesgo la vida de otras personas.