Alrededor de 5 millones de personas en Argentina registran atrasos superiores a los tres meses en el pago de deudas vinculadas a tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros mecanismos informales que no siempre quedan asentados en registros oficiales.
El fenómeno atraviesa a distintos sectores: desde adultos mayores que no logran afrontar gastos básicos como servicios o medicamentos, hasta familias que recurren al crédito para cubrir compras cotidianas, cuotas escolares o tarifas. A diferencia de lo que ocurría años atrás, el endeudamiento ya no está asociado mayormente a la adquisición de bienes durables, como viviendas o vehículos, sino a la cobertura de gastos corrientes.
En muchos casos, se trata de préstamos tomados para cancelar otras deudas, generando un efecto acumulativo que especialistas describen como una “bola de nieve”. Esta problemática fue eje de análisis en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se advirtió sobre la creciente preocupación social en torno al sobreendeudamiento.
Uno de los puntos más señalados fue la facilidad de acceso al crédito a través de plataformas digitales y la escasa evaluación de la capacidad de pago de los usuarios. El tema ya forma parte de la agenda pública y dio lugar a diversas iniciativas. En Santa Fe, por ejemplo, se trabaja junto al Banco de Santa Fe en una línea de crédito destinada a refinanciar deudas de empleados públicos, con posibilidad de extenderla al sector privado. En Corrientes, en tanto, se lanzaron programas orientados tanto a familias como a empresas para aliviar la carga financiera.
En el Congreso nacional existen actualmente 18 proyectos vinculados a esta problemática a la espera de tratamiento. La convocatoria en Diputados, impulsada por la oposición, reunió a legisladores y especialistas que coincidieron en varios diagnósticos: la voluntad de pago de los deudores, el impacto de los bajos ingresos en el cumplimiento de obligaciones, la proliferación de créditos fuera de los controles tradicionales y la transformación del endeudamiento en un problema de carácter social. También se mencionaron prácticas abusivas en los procesos de cobranza.
Durante el encuentro, la socióloga Lucía Cavallero señaló que las familias argentinas acumulan una deuda cercana a los 39 billones de pesos y advirtió que los niveles de morosidad alcanzan los valores más altos de las últimas dos décadas. En la misma línea, el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, indicó que crecen las consultas de familias que no pueden afrontar sus compromisos por falta de ingresos.
Desde Rosario, Ariadna Ciammarriello, del Consejo Municipal, destacó que en el último año aumentaron los pedidos de refinanciación de deudas, equiparándose incluso con las denuncias por estafas virtuales. Además, subrayó la expansión del universo de billeteras virtuales, que pasó de unas 30 durante la pandemia a cerca de 80 en la actualidad, junto con la aparición de financieras online de origen extranjero.
Por su parte, Pedro Bussetti, titular de DEUCO, remarcó el fuerte incremento de la morosidad: de un 2,7 % del total de deudores a fines de 2023 se pasó a un 11,2 % en febrero de 2026, lo que equivale a casi 5 millones de personas con deudas en situación irregular.
Especialistas también advirtieron que a mayor riesgo crediticio, más elevadas son las tasas de interés, lo que agrava el problema. En ese sentido, se planteó la necesidad de avanzar en mecanismos como un “régimen de segunda oportunidad” para personas no comerciantes, que permita reestructurar deudas de manera accesible.
Finalmente, desde asociaciones de consumidores señalaron que una solución de fondo pasa por la recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
El debate continuará tanto en Diputados como en el Senado, donde también se analizan iniciativas, entre ellas un proyecto del santafesino Marcelo Lewandowski para regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Mientras tanto, el sobreendeudamiento sigue consolidándose como una de las principales preocupaciones económicas y sociales del país.