Tras la fuerte polémica desatada por las restricciones a la prensa y la disposición de un sector exclusivo para famosos, funcionarios y empresarios durante la histórica misa del papa León XIV, la controversia escaló al Congreso de la Nación. El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón presentó un pedido formal de informes para que el Gobierno detalle los pormenores organizativos y financieros del evento.
La iniciativa legislativa apunta directamente contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. El foco del reclamo se centra en el despliegue de carpas, servicios de catering VIP y ubicaciones preferenciales cerca del Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles, un escenario que generó un intenso repudio en redes sociales y distintos sectores políticos.
Los detalles sobre el listado de invitados y el financiamiento
En el texto del proyecto, el legislador cuestionó con dureza la lógica detrás de la convocatoria y exigió transparencia absoluta sobre la administración de los recursos. El documento solicita que el Ejecutivo informe la capacidad total del predio, la cantidad de carpas montadas, el número de personas acreditadas por sector y el listado completo de los invitados que accedieron a la zona de privilegio.
Asimismo, el pedido exige conocer los criterios objetivos aplicados para habilitar el ingreso de figuras del espectáculo, la moda, influencers y acompañantes de funcionarios, detallando qué fundamento de interés público justificó su presencia y si cumplieron algún rol protocolar. En paralelo, se reclama un desglose minucioso de los costos totales del evento, las empresas proveedoras y la jurisdicción que afrontó las erogaciones, ante las versiones cruzadas sobre el uso de fondos del Tesoro Nacional, del Gobierno porteño o de aportes privados.
Cuestionamientos por la contratación directa de la productora
Por último, la presentación parlamentaria pone la lupa sobre la contratación directa de la productora encargada de la logística general. Paulón exige que las autoridades fundamenten las razones de urgencia que habilitaron un procedimiento de excepción, teniendo en cuenta que la llegada del pontífice había sido anunciada con varios meses de anticipación.
De igual modo, el diputado solicitó un análisis sobre posibles conflictos de intereses, señalando que la firma adjudicataria integra el grupo empresario que administra el estadio Luna Park, el cual mantiene vínculos contractuales directos con el Arzobispado de Buenos Aires, además de requerir el detalle de todas las subcontrataciones realizadas.