La deuda del Pami con prestadores de salud a nivel nacional superó los 500 mil millones de pesos, una cifra que provocó la suspensión de atenciones y restricciones en prestaciones para afiliados en más de un centenar de clínicas y farmacias en diversos puntos del país. La crisis genera una fuerte preocupación por el traslado masivo de pacientes hacia el sistema público y por el impacto directo en la atención medica de los jubilados. En Rosario y su zona de influencia, el escenario presenta matices particulares gracias a la estructura propia del organismo, aunque las alarmas continúan encendidas por fallas operativas y la falta de insumos o personal.
Desde la Junta Interna de ATE Pami en Rosario, la secretaria general Melina Gutiérrez explicó que la ciudad no atraviesa el mismo nivel de emergencia que reportan localidades como Mar del Plata, Concordia o Río Negro. Esta diferencia radica en que la región cuenta con dos efectores propios, los policlínicos Pami I y Pami II, los cuales permiten amortiguar la demanda y reducir la dependencia de efectores privados. Sin embargo, la dirigente gremial advirtió que los atrasos en los pagos a proveedores, farmacias y sanatorios privados responden a una problemática que explotó meses atrás y que terminó por perjudicar a los beneficiarios de la obra social.
Pese al rol de contención que cumplen los centros asistenciales rosarinos, la situación interna de ambos policlínicos refleja severas dificultades de funcionamiento. Según denunció el gremio, durante la actual gestión se derivaron cápitas desde los efectores públicos hacia prestadores privados sin consulta previa a los afiliados. A esta medida se suman problemas estructurales dentro de los establecimientos locales, tales como la falta de médicos y enfermeros, inconvenientes en el mantenimiento de equipos técnicos y el cierre de áreas operativas por la imposibilidad de cubrir vacantes.
El impacto del déficit de personal se evidencia con mayor claridad en el Pami II, donde actualmente hay 21 camas inhabilitadas por la falta de enfermeros, estimándose una necesidad no cubierta de 56 profesionales en esa área. Ante la ausencia de nuevos ingresos de trabajadores, la respuesta institucional consistió en el cierre de unidades de internación, lo que resiente la capacidad de respuesta del sistema. A la par, el organismo atraviesa un proceso de retiros voluntarios que alcanzaría a más de mil empleados a nivel nacional, profundizando las falencias de atención.
Respecto a rubros específicos como el de los prestadores de diálisis, si bien el Ministerio de Economía liberó fondos para saldar de forma parcial los compromisos pendientes, desde el sector gremial sostienen que los desembolsos resultaron insuficientes. Los atrasos exceden el esquema habitual de facturación a dos o tres meses y se enmarcan en un endeudamiento acumulado que agrava los problemas estructurales que la obra social arrastra desde hace décadas.