El Senado de la Nación volverá a debatir este jueves un proyecto que promete generar una fuerte controversia política. El oficialismo buscará aprobar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye una profunda reforma al régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros y que representa uno de los capítulos más sensibles de la agenda legislativa impulsada por el presidente Javier Milei.
La sesión fue convocada para este jueves 6 de agosto, desde las 12, luego de que el tratamiento quedara interrumpido el pasado 16 de julio por falta de los votos necesarios. Para conseguir la media sanción y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza necesita reunir el quórum y alcanzar al menos 37 votos afirmativos.
En ese escenario, los tres senadores nacionales por Santa Fe vuelven a quedar bajo la lupa.
Losada respaldará la reforma
La radical Carolina Losada confirmó públicamente que acompañará el proyecto, aunque aclaró que respalda la versión modificada durante las negociaciones parlamentarias y no el texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
La legisladora sostuvo que las modificaciones incorporadas establecen mayores controles para evitar operaciones sensibles y destacó que los Estados extranjeros seguirán impedidos de adquirir tierras en la Argentina.
Además, explicó que las empresas con participación estatal extranjera deberán obtener autorización tanto del Gobierno nacional como de la provincia involucrada y remarcó que también se eliminó la figura del “silencio administrativo”, que habilitaba aprobaciones automáticas si el Estado no respondía dentro de un plazo determinado.
“Nosotros pedimos muchos controles para la venta de cualquier tipo de tierra. Lo necesario son los controles, no prohibir más que a los Estados extranjeros”, afirmó durante su reciente participación en la Exposición Rural de Palermo.
No obstante, reconoció que el proyecto todavía podría sufrir nuevos cambios si resultan necesarios para conseguir los votos faltantes.
Galaretto aún no hizo pública su decisión
La postura del también radical Eduardo Galaretto sigue siendo una incógnita.
El senador no comunicó oficialmente cómo votará, aunque distintas estimaciones parlamentarias lo ubican dentro del grupo de legisladores que acompañaría al Gobierno.
La Casa Rosada sostiene que cuenta con 36 votos favorables, entre ellos los de buena parte del bloque radical, donde figuran tanto Losada como Galaretto.
Sin embargo, la conducción nacional de la UCR intenta revertir ese escenario. El presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, inició conversaciones con los diez senadores radicales para pedirles que rechacen la iniciativa, al considerar que compromete la soberanía sobre el territorio nacional.
La falta de una definición pública mantiene abierta la incertidumbre sobre el voto del representante santafesino.
Lewandowski votará en contra
El senador peronista Marcelo Lewandowski confirmó que rechazará la reforma al considerar que elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos.
Según advirtió, la nueva normativa permitiría que enormes extensiones rurales pasen a manos extranjeras con autorización de los gobiernos provinciales.
“Esta ley que quieren votar te puede permitir comprar una provincia entera si el gobernador está de acuerdo. Te pueden comprar la cordillera, absolutamente todo”, cuestionó.
Lewandowski aclaró que no rechaza las inversiones extranjeras, pero sostuvo que el país debe garantizar que esos proyectos generen beneficios concretos para la economía nacional, las pymes y el empleo argentino.
También cuestionó la posición que, según él, asumirían los senadores radicales cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro, en contraste con el rechazo expresado por la conducción nacional de la UCR.
Qué cambia la reforma de la ley de tierras
La legislación vigente desde 2011 establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie nacional, provincial y departamental.
El proyecto impulsado por el Gobierno elimina ese límite nacional y delega en cada provincia la decisión de fijar —o no— restricciones propias para la compra de tierras por parte de extranjeros.
También desaparecería el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, una limitación creada para evitar la concentración de grandes extensiones en las áreas más productivas del país.
Otro de los aspectos que genera mayor debate es la flexibilización de las restricciones sobre campos ubicados en zonas fronterizas y sobre predios que contienen recursos considerados estratégicos, como lagos, acuíferos, bosques nativos o minerales críticos.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y aumentar el ingreso de capitales, sus detractores advierten que la mayoría de los países utilizados como referencia —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Australia y Nueva Zelanda— mantienen distintos mecanismos de control sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El proyecto también modifica expropiaciones y desalojos
La iniciativa no se limita al régimen de tierras rurales.
El texto también introduce cambios en la Ley de Expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre propiedades privadas.
Entre otras modificaciones, establece que la declaración de utilidad pública deberá ser específica y proporcional, exige el pago previo de la indemnización antes de tomar posesión del bien e incorpora el concepto de lucro cesante, permitiendo reclamar ganancias futuras que el propietario hubiera obtenido con la explotación del inmueble.
En materia de desalojos, amplía de tres a diez días el plazo de intimación por falta de pago y mantiene excepciones para barrios populares alcanzados por procesos de regularización dominial.
La UCR y organizaciones sociales presionan contra la iniciativa
En la previa de la sesión, el Comité Nacional de la UCR difundió un documento titulado “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”, en el que rechaza la reforma por considerar que elimina límites razonables sobre la propiedad rural.
“Hoy existen aproximadamente 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalentes al 5% del territorio nacional, y más de 30 departamentos ya superan el límite permitido por la ley vigente”, sostuvo el partido.
Al mismo tiempo, organizaciones ambientales, comunidades indígenas, sindicatos y movimientos sociales convocaron a movilizarse frente al Congreso bajo consignas como “Argentina no está en venta” y “Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también”.
También distintos gobernadores y sectores provinciales expresaron preocupación por el posible impacto de la reforma sobre zonas fronterizas, recursos naturales estratégicos y economías regionales.
Con el oficialismo todavía negociando apoyos voto por voto, la definición de los senadores santafesinos volverá a tener un papel determinante en una de las sesiones más sensibles del año.