El diputado nacional por Santa Fe Alejandro Bongiovanni quedó envuelto en una nueva polémica que impacta en el gobierno de Javier Milei, a partir de la difusión de un listado de millonarios créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y referentes cercanos al oficialismo.
En el caso del legislador rosarino, el dato que generó mayor controversia es la cercanía temporal entre su pase político y el préstamo recibido: en enero de 2026 accedió a un crédito por 255 millones de pesos, apenas un mes después de haber oficializado su salida del PRO para sumarse al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La situación de Bongiovanni no aparece como un hecho aislado. Forma parte de una nómina más amplia de dirigentes vinculados al oficialismo que accedieron a financiamiento de alto monto por parte del banco estatal durante la actual gestión, lo que alimenta sospechas sobre posibles criterios de afinidad política en la asignación de los préstamos.
El listado, difundido por el sitio “Cuánto deben”, desarrollado por Andrés Sintcofsky, incluye a diversos funcionarios y legisladores con deudas dentro del sistema bancario. Sin embargo, los montos más elevados se concentran en figuras cercanas a La Libertad Avanza y, en todos los casos señalados, los créditos fueron otorgados por el Banco Nación luego de la asunción de Milei.
Entre los nombres destacados figura Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y colaborador del ministro de Economía Luis Caputo, quien habría recibido un préstamo de 367 millones de pesos. También aparece Felipe Núñez, director del BICE y asesor del mismo ministro, con un crédito de 475 millones otorgado en febrero de 2025.
La lista suma además a Juan Pablo Carreira —conocido en redes como Juan Doe—, funcionario del gobierno, quien obtuvo 112 millones de pesos en diciembre de 2025; al diputado nacional Santiago Santurio, con 340 millones; y al tucumano Mariano Campero, aliado del oficialismo, con 322 millones concedidos en mayo de 2025.
Otro de los casos mencionados es el de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien accedió a un crédito de 225 millones de pesos que, según la información difundida, habría sido aprobado luego de un rechazo inicial.
Todos los préstamos señalados fueron otorgados durante la presidencia de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, un dato que aparece en el centro del debate por la presunta discrecionalidad en la concesión de estos créditos.
El trasfondo político del caso Bongiovanni también suma elementos de análisis. El legislador ingresó al Congreso en 2023 por el PRO, pero a fines de 2025 confirmó su incorporación a La Libertad Avanza, en el marco de una estrategia del oficialismo para ampliar su representación parlamentaria y disputar la primera minoría en Diputados.
Su pase se inscribió en un proceso más amplio de reconfiguración política que incluyó la incorporación de otros legisladores provenientes del PRO, el bullrichismo y sectores del radicalismo. En ese contexto, el oficialismo logró incrementar su bloque hasta acercarse a Unión por la Patria en cantidad de bancas.
En Santa Fe, el movimiento tuvo un impacto particular: con las incorporaciones de Bongiovanni y Verónica Razzini, La Libertad Avanza pasó a reunir 9 de los 19 diputados nacionales de la provincia, lo que fue interpretado por el oficialismo como una señal de fortaleza territorial, mientras que para el PRO representó una pérdida significativa de representación.
El cambio de bloque también generó repercusiones en el plano local y en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas de sectores del electorado que cuestionaron los traspasos de dirigentes sin renunciar a sus bancas.
En el Congreso, en tanto, Bongiovanni se alineó con varias de las principales iniciativas del oficialismo, como la propuesta de modificar la ley de glaciares y el proyecto para reducir la edad de imputabilidad, dos de los ejes que el gobierno impulsó con fuerza en los últimos meses.