El periodismo de América Latina se encuentra de luto tras el violento asesinato de Tomás Beltrán, director del medio digital comunitario Calcetines, quien fue atacado a balazos en las inmediaciones de su domicilio ubicado en la localidad de Calceta, perteneciente al cantón Bolívar y a la convulsa provincia de Manabí, en el suroeste de Ecuador. El crimen, perpetrado por sujetos armados que se dieron a la fuga, activó de inmediato las alarmas de organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.
Antecedentes de amenazas e investigaciones previas
El comunicador social arrastraba un historial de intimidaciones y ataques directos debido a su labor periodística. De acuerdo con los reportes difundidos por organizaciones como Fundamedios y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), Beltrán había recibido graves amenazas de muerte en abril tras impulsar investigaciones y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa de la localidad de Bolívar.
La situación de vulnerabilidad del director de Calcetines no era nueva. Meses atrás, dos de sus colaboradores también habían sido asesinados en circunstancias violentas, mientras que su vehículo particular había sufrido ataques con sustancias químicas en 2023. Ante la gravedad del peligro que corría, el periodista había sido incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador, un esquema de resguardo que organizaciones del sector calificaron de insuficiente frente al nivel de riesgo al que se enfrentaba.
El repudio internacional y el reclamo de justicia
Tras conocerse el trágico suceso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado oficial enérgico en el que condenó categóricamente el crimen y exigió a las autoridades ecuatorianas una investigación exhaustiva y expedita para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Desde la organización remarcaron que el asesinato reviste una gravedad extrema debido a las múltiples denuncias previas radicadas por la víctima, instando a esclarecer si el móvil del ataque estuvo directamente vinculado a sus investigaciones periodísticas en la región.