El Concejo Municipal de Rosario retomará esta semana las discusiones clave para definir la adhesión de la ciudad a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches o trapitos en la vía pública. Tras una tensa reunión conjunta de comisiones realizada la semana pasada, el proyecto enviado por el Ejecutivo local sigue sin cerrar acuerdos definitivos debido a diferencias en torno a su implementación práctica.
La iniciativa busca incorporar al Código de Convivencia local las normativas de la ley provincial Nº 14.486, promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la cual castiga con multas, trabajo comunitario o arresto a quienes exijan dinero por estacionar o cuidar vehículos en las calles de la ciudad.
La postura del Ejecutivo y la urgencia por aprobar la norma
El intendente Pablo Javkin volvió a reclamarle al cuerpo legislativo celeridad en el tratamiento de la norma. Desde el oficialismo sostienen que es fundamental contar con la ordenanza antes de que concluya el año para habilitar convenios específicos y coordinar operativos conjuntos entre la GUM y la Policía provincial.
Al respecto, el jefe comunal remarcó que una cosa es el trapito y la actividad extorsiva, que hay que prohibir y combatir, y otra muy distinta es la situación de una persona que está en la calle y a lo mejor, por adicciones o consumo, necesita un tratamiento diferente.
El eje social y los principales puntos de discordia
Por su parte, los diferentes bloques legislativos coinciden en la necesidad imperiosa de articular un abordaje social integral para aquellas personas que se ganan el sustento diario en la vía pública, vinculándolas a programas de capacitación en oficios, inserción laboral y asistencia a través de organizaciones sociales.
Pese al consenso general sobre la problemática de extorsión y cuidacoches informales, el debate legislativo mantiene varios frentes abiertos. Entre los principales puntos que traban el acuerdo se encuentran el régimen de sanciones y la aplicación de multas económicas a personas en situación de vulnerabilidad extrema que carecen de recursos para afrontarlas.
Asimismo, se discuten propuestas para incorporar un sistema unificado de denuncias a través del 911, el 147 o canales digitales, junto con un registro riguroso de antecedentes para casos de reincidencia o violencia. Aunque algunos sectores impulsan excepciones o excepciones condicionadas, desde el oficialismo consideran que el foco actual debe ser la prohibición taxativa y la contención.
Las comisiones de Obras Públicas, Gobierno, y Convivencia y Seguridad Ciudadana volverán a reunirse en las próximas horas para intentar limar asperezas y avanzar en un dictamen unificado.