El debate por la Zona Fría ingresó en una etapa clave y este lunes sumó un fuerte posicionamiento político en Rosario. Concejales del frente Unidos brindaron una conferencia de prensa en el Concejo Municipal para reclamar a los senadores nacionales por Santa Fe que rechacen el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone modificar el régimen de subsidios al gas y podría derivar en un fuerte aumento de las tarifas para 388.919 hogares de la ciudad.
El pronunciamiento tuvo además un matiz interno, ya que el pedido también alcanzó a referentes del propio espacio. Los ediles pusieron el foco en los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto, a quienes instaron a no acompañar la iniciativa cuando sea tratada en la Cámara alta. En tanto, el tercer senador santafesino, Marcelo Lewandowski, ya anticipó su voto en contra.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, encabezó el reclamo junto a otros concejales del bloque, quienes calificaron la reforma como “un golpe al bolsillo y a la economía de Rosario”. “No es un privilegio calentar una casa”, advirtió Schmuck, al referirse al impacto que tendría la quita del beneficio en el inicio del invierno.
Qué se discute en el Senado
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 20 de mayo, cuando fue aprobado con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Ahora, el Senado aparece como la instancia decisiva para definir el futuro del régimen.
La ley 27.637, sancionada en 2021, amplió el esquema de Zona Fría e incorporó a distintas regiones del país con temperaturas más bajas y mayor consumo de gas. En Santa Fe, el beneficio alcanza a ocho departamentos del sur provincial: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano.
Actualmente, el sistema otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas para usuarios residenciales. La reforma propuesta por el gobierno nacional plantea reducir el alcance territorial del beneficio y concentrarlo principalmente en la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna.
Para el resto del país, la iniciativa propone reemplazar el esquema actual por un sistema de subsidios focalizados según el nivel de ingresos de los hogares.
Impacto en Rosario y la región
De acuerdo con datos difundidos por los concejales, la modificación afectaría a casi 389 mil hogares rosarinos y a cerca de dos millones de personas en el sur santafesino.
El principal efecto sería un incremento significativo en las tarifas. Según estimaciones de quienes rechazan la iniciativa, las facturas podrían subir entre un 30% y un 50% en las zonas que hoy cuentan con subsidio. En algunos casos, la eliminación del beneficio podría duplicar el componente subsidiado de la boleta.
Los ediles advirtieron que aplicar estos cambios “en vísperas del invierno, sin gradualidad”, impactaría de lleno en el poder adquisitivo y en la economía local. “Menos ingreso disponible implica menos consumo, menos actividad comercial y menos empleo”, señalaron.
Presión sobre los senadores
El posicionamiento político se da en medio de una creciente presión sobre los legisladores nacionales. Organizaciones sociales, entidades de consumidores y multisectoriales impulsan campañas para que el Senado rechace la reforma, incluyendo recolección de firmas en todo el país.
En Santa Fe, la atención está puesta especialmente en la postura que adoptarán Losada y Galaretto, quienes aún no definieron públicamente su voto. Distintas organizaciones ya les hicieron llegar planteos sobre el impacto que tendría la quita del subsidio, especialmente en sectores vulnerables como jubilados y pensionados.
Un reclamo con mirada federal
Más allá del impacto tarifario, los concejales enmarcaron el debate en una discusión más amplia sobre la relación entre la Nación y las provincias. En ese sentido, sostuvieron que Santa Fe realiza un aporte significativo a la economía nacional a través de la producción y las exportaciones, pero no recibe medidas acordes.
“Avanzar con este recorte sería profundizar una relación federal inequitativa, donde el interior productivo financia al Estado nacional y recibe a cambio decisiones que lo perjudican”, señalaron.
Desde el gobierno nacional argumentan que el régimen actual subsidia zonas que no presentan condiciones climáticas extremas y que su modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en más de 272 mil millones de pesos, además de reducir el alcance del programa en alrededor de 1,2 millón de hogares.
Posible escenario judicial
Tras la media sanción en Diputados, el escenario quedó dividido entre los legisladores santafesinos. Mientras La Libertad Avanza apoyó la iniciativa, Unión por la Patria y otros bloques votaron en contra.
De avanzar la reforma en el Senado, no se descarta una judicialización del tema. Organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales ya analizan antecedentes como el caso Cepis, que sentó jurisprudencia sobre aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri.
En ese marco, el desenlace legislativo y eventualmente judicial definirá el futuro del esquema de subsidios al gas y su impacto en millones de hogares del país.