El proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal para establecer la autonomía de Rosario continúa su tratamiento en el Concejo. Este miércoles se realizó la segunda jornada de debate en la comisión de Gobierno, en busca de consensos que permitan su aprobación antes de finalizar el 2025, en el marco del Tricentenario de la ciudad. La próxima reunión se llevará a cabo la semana próxima con la participación de la Casa Vecinalista y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.
La propuesta contempla cinco dimensiones principales: institucional, política, administrativa, económica y financiera. En esta instancia, los funcionarios municipales expusieron los lineamientos vinculados al arbolado público, los terrenos baldíos, las herramientas de contratación y compra, y la disposición final de vehículos retenidos.
La subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti, explicó los detalles de un nuevo régimen para los vehículos en buen estado que permanecen en el corralón sin reclamos de sus propietarios, con el objetivo de hacer más eficiente su gestión. Actualmente, tanto la legislación provincial como la ordenanza municipal vigente solo permiten la compactación de estos vehículos para su venta como chatarra.
Según la funcionaria, la iniciativa busca permitir la reutilización o la venta en subasta pública de los automóviles que cumplan con la documentación correspondiente, priorizando criterios de transparencia y sustentabilidad ambiental. “Hoy se compactan autos en buenas condiciones, incluso relativamente nuevos, lo que representa una pérdida de utilidad y un impacto ambiental innecesario”, sostuvo Conti.
El nuevo régimen propuesto establece que la compactación será la última instancia, aplicable solo cuando no sea posible reutilizar o subastar los vehículos. Además, la funcionaria destacó que el valor obtenido por la venta como chatarra es considerablemente menor al que podría alcanzarse en una subasta pública.
Conti también señaló que en muchos casos los propietarios no reclaman los vehículos, por lo que se trabaja junto a la Agencia Antilavado para verificar su origen. En algunos casos, los automóviles pertenecen a sucesiones o a personas de otras provincias.
Durante el encuentro, el concejal Mariano Romero propuso revisar el artículo 18 de la ordenanza N° 7025, que redujo de seis a tres meses el plazo para que los dueños puedan reclamar sus vehículos. Por su parte, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, remarcó que “en materia de técnica legislativa, el texto podrá ser mejorado y ajustado desde el Concejo, pero lo central en esta etapa es avanzar sobre los contenidos y resolver las superposiciones de competencias”.