Una fuerte controversia política y social se desató en la ciudad santafesina de Rafaela luego de que su intendente, Leonardo Viotti, difundiera a través de sus propias redes sociales una grabación en la que se lo observa abordando y pidiendo que se retire a un hombre en situación de calle que dormía en una plaza pública.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron generando críticas y respaldos divididos, muestran al jefe municipal acercándose al ciudadano para despertarlo y exigirle que abandone el lugar: “Capo, capo, levantate. Vamos, arriba, no podés estar acá”, expresa el mandatario en el registro audiovisual, ante lo cual el hombre se incorpora y le reclama un trato respetuoso.

La postura oficial y las críticas en redes sociales

Al compartir el video original, el mandatario rafaelino justificó su intervención argumentando la necesidad de garantizar el orden y el uso adecuado de los espacios comunes de la ciudad. En su publicación, enfatizó que las plazas están destinadas al disfrute de los vecinos y no para instalarse a vivir o pasar la noche, advirtiendo que el Ejecutivo local continuará realizando este tipo de operativos sin “mirar para otro lado”.

Asimismo, desde la administración municipal señalaron que si bien el Estado brinda asistencia y acompañamiento social a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad, dicha ayuda no exime el cumplimiento de las normas básicas de convivencia ciudadana.

El descargo del intendente tras la repercusión

Al día siguiente de la publicación y frente al creciente revuelo público, Viotti difundió un segundo mensaje grabado mirando a cámara para contextualizar el episodio y ratificar el rumbo de su gestión.

El jefe comunal explicó que el protagonista del video representa un caso conocido de larga data por las áreas sociales del municipio, las cuales habrían intentado asistirlo en reiteradas ocasiones sin éxito. Según manifestó el dirigente de la UCR, al no aceptar la ayuda ofrecida ni respetar las normativas vigentes sobre el espacio público, el gobierno local optó por intervenir de manera directa, asegurando que los programas de contención continúan disponibles pero que la ordenanza de convivencia se hará cumplir.