En una definición clave a diez días de la segunda vuelta presidencial, el Senado de Brasil aprobó una enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales y otorga dos días de descanso por semana, sin recorte de sueldos. Con esta votación, el país le pone fin al tradicional esquema 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso).
La medida, impulsada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue respaldada con una contundente mayoría de 75 votos a favor y solo uno en contra. Al contar ya con la aprobación previa de la Cámara de Diputados, el texto quedó listo para su promulgación.
“Es una conquista histórica para los trabajadores brasileños”, celebró el mandatario Lula da Silva tras la sesión.
Cómo se aplicará la reducción de la jornada: cronograma de 14 meses
La transición hacia la nueva jornada de 40 horas semanales y dos francos se implementará de manera progresiva para facilitar la adaptación de las empresas:
- Primera etapa (a los 2 meses de su publicación): La jornada máxima semanal se reducirá de 44 a 42 horas.
- Segunda etapa (12 meses después): Se aplicará el límite definitivo de 40 horas semanales.
El objetivo de la norma es incrementar el tiempo disponible para la vida familiar, el descanso y las actividades personales de decenas de millones de empleados amparados por la legislación del país vecino.
Impacto en la campaña electoral y giro en la oposición
La definición parlamentaria tuvo un fuerte impacto político en la recta final hacia el balotaje del 25 de octubre, donde Lula se medirá con el senador Flávio Bolsonaro.
El propio Flávio Bolsonaro, que históricamente se había manifestado en contra de la iniciativa, cambió su postura a último momento y votó a favor de la reforma de manera remota durante un acto de campaña. El giro provocó críticas del oficialismo, que tildó la maniobra de oportunismo electoral, mientras que la oposición fundamentó reparos sobre la rapidez del tratamiento legislativo.
La reacción del sector empresarial y el debate económico
Aunque la norma contó con un apoyo parlamentario transversal, la reforma generó preocupación en cámaras del sector comercial e industrial:
- Pymes y comercios: Advierten sobre un posible incremento en los costos de la hora trabajada, mayor presión sobre las pequeñas y medianas empresas y eventuales dificultades para la contratación de nuevo personal.
- Defensores del proyecto: Argumentaron que el esquema vigente —fijado en la Constitución de 1988— quedó desactualizado frente a las transformaciones del mundo del trabajo contemporáneo y que la reducción mejorará la productividad.