Ya entró en vigencia en Rosario el nuevo protocolo contra las carreras clandestinas. La norma, impulsada por la concejala Samanta Arias y aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, habilita controles permanentes y preventivos en toda la ciudad para erradicar las picadas ilegales.
A diferencia del esquema anterior basado en la reacción tras la denuncia vecinal, la medida establece operativos cerrojo, presencia en puntos de reunión y un duro régimen de sanciones para quienes pongan en riesgo la vida en la vía pública.
La iniciativa responde a los insistentes reclamos de los vecinos de barrios como Alberdi, La Florida, Alvear, la zona de bulevar Oroño y Lamadrid, y la Costanera Norte.
«El que usa una calle para correr una picada rompe el pacto básico de convivencia. Frente a las amenazas a la vida, el Estado tiene que responder con autoridad, prevención y consecuencias claras», afirmó Samanta Arias, autora de la ordenanza.
Cambio de paradigma: cómo funcionan los nuevos controles
La nueva ordenanza reemplaza la intervención posterior por un protocolo de actuación preventiva obligatorio articulado en tres etapas:
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Dispersión de focos: Intervención previa en puntos de encuentro habituales como estaciones de servicio, playones y canteros utilizados como “zona de boxes”.
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Cerrojo y secuestro: Operativos de interceptación masiva para retener los vehículos de forma inmediata.
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Persistencia del control: Monitoreo continuo mediante cámaras y guardias fijas para evitar el “efecto rebote” o reagrupamiento de los corredores.
Además, el municipio coordinará fiscalizaciones directo con comercios y estaciones de servicio, e implementará un programa obligatorio de reeducación vial para infractores.
Escala de multas y sanciones por correr picadas en Rosario
El régimen de penalidades actualiza los valores según Unidades Fijas (UF) equivalentes al precio del litro de nafta súper de YPF (calculado en $2.269):
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Primera infracción: Multa de $680.700 a $1.361.400 (300 a 600 UF), secuestro del vehículo, inhabilitación de 90 días para tramitar o renovar la licencia y curso de reeducación vial.
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Primera reincidencia: Multa de $1.361.400 a $2.722.800 (600 a 1.200 UF) e inhabilitación del registro hasta por un año.
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Segunda reincidencia: Multa de $2.722.800 a $5.672.500 (1.200 a 2.500 UF) y pedido formal ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial para la inhabilitación judicial definitiva para conducir.
Requisitos estrictos para la devolución del vehículo
Los vehículos retenidos no se devolverán automáticamente tras pagar la multa. La normativa contempla el decomiso de autopartes no homologadas (modificaciones para aumentar potencia o velocidad). El propietario deberá costear el desarme y presentar un certificado de seguridad vial firmado por un ingeniero mecánico matriculado para solicitar la restitución ante el Juzgado de Faltas.
Una problemática histórica con consecuencias trágicas
La implementación de este protocolo busca poner fin a un historial de siniestros viales graves que marcaron la memoria colectiva de la ciudad:
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Marzo de 1997: El caso impune de Sebastián Pira, quien atropelló y mató a Celeste Haiek y Daniela Caruso.
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Mayo de 2005: El choque de Matías Capozucca en Rivadavia y Rodríguez, con un saldo de dos muertos y una joven gravemente herida.
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Marzo de 2016: El choque fatal del mecánico Juan Carlos Schmitt contra el cadete Damián Orgaz en Zona Sur.
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Julio de 2017: La muerte de Andrés Alejandro Muñoz en 27 de Febrero y Necochea tras ser embestido por autos corriendo a más de 110 km/h.
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Marzo de 2019: Gastón Dlugovitzky atropelló a más de 128 km/h a Fabián Cragnolino en San Martín y Garibaldi.
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Marzo de 2021: La tragedia de la familia Pizzorno en Avenida del Rosario y Ayacucho, donde murieron David Pizzorno y su hijo Valentino de 8 años.
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Enero de 2025: El trágico hecho en la Costanera Central (Roca y Wheelwright), donde un automovilista a 120 km/h embestió a una familia, provocando el fallecimiento de Tania Gandolfi y su hija Agustina García.