La empresa estatal Aguas Santafesinas SA (ASSA) comenzó a aplicar en sus últimas facturas un nuevo esquema tarifario basado en criterios socioeconómicos, en el marco de la Ley de Emergencia del Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento vigente en Santa Fe. La modificación alcanza únicamente a los usuarios sin medidor, cuyo consumo se calcula a partir de la superficie cubierta del inmueble.

Hasta ahora, este método no diferenciaba entre viviendas ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo y hogares situados en áreas vulnerables. Pero con el nuevo sistema, la totalidad del territorio de concesión fue dividido en siete categorías, conforme a un proceso de zonificación que toma como referencia el mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas elaborado por el Indec. El relevamiento abarcó todas las manzanas de las ciudades atendidas por ASSA y se desarrolló desde mediados de 2024.

Según explicó el directorio de la empresa, la actualización implicó aumentos de entre el 10% y el 15% en las zonas de mayor capacidad económica, mientras que en los barrios más afectados por la pobreza se registraron reducciones de hasta el 20%. La compañía subrayó que se trata de un esquema de subsidio cruzado: los incrementos en sectores de mejor situación financiera compensan las bajas aplicadas en las áreas más postergadas. Sostienen, además, que la recaudación global no se modificó de manera significativa.

El objetivo, remarcan, es corregir inequidades históricas: evitar que un departamento en zonas de alto valor inmobiliario, como el centro o el Puerto, pague lo mismo que una vivienda de igual tamaño ubicada en barrios con altos niveles de marginalidad.

La puesta en marcha del nuevo cálculo se da en un contexto de emergencia declarada por la Ley 14.272, que regirá hasta el 31 de diciembre de este año y podría extenderse por un año más mediante decreto del Poder Ejecutivo. La norma habilita a la empresa a adoptar medidas extraordinarias para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del servicio, cuya situación financiera fue calificada como deficitaria.

ASSA recordó que los cambios tarifarios fueron presentados en audiencias públicas —la más reciente en enero— y responden a lineamientos trazados desde el inicio del período de emergencia. En ese marco, la compañía anticipó en 2023 que se trabajaba en mecanismos para segmentar a los usuarios según su capacidad contributiva, una política que finalmente comenzó a aplicarse en las facturas actuales.